Natalia Bueno, la que fuera durante años presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad de Baleares, revela a Última Hora nuevos casos de fraude que propicia la defensa de los gobernantes del modelo del alquiler vacacional (Baleares: luz verde al plan que liberará 90.000 plazas desfasadas).
“Aunque ahora están asustados por las inspecciones, pero da igual, no ponen el anuncio en Airbnb y los anuncian en webs de Alemania, Suecia o incluso ni lo publican. Tienen clientes que les llaman ya cada año. Esto lo pueden decir los taxistas de Sóller y Bunyola, que llevan a los turistas a estas casas de verano. Y todo esto es dinero en negro, que se paga en mano”, señala.
Bueno corrobora al fenómeno del éxodo de mallorquines hacia la Península ante el encarecimiento de la vivienda que ha traído Airbnb, pues “nos hemos comprado una residencia en el norte. Veo mucha gente que una vez que se jubilan, con una pensión de 600 euros, se van a Valencia o al norte”, algo que ocurre igualmente con los jóvenes.
Pese a ello, las autoridades defendieron desde las más altas instancias que “las familias baleares también tienen derecho a aprovecharse de la bonanza turística”, situando este derecho por encima del acceso a una vivienda, y pese a la amenaza a la identidad local ante un inaudito éxodo de locales.
La justificación de los gobernantes de su criterio acontece tras regularizar esta semana 90.000 plazas de un parque de unas 500.000 viviendas que existen en la isla, privilegiando un modelo de masas que ha sido criticado tanto por los sindicatos como por las agencias baleares agrupadas en Aviba, o las británicas asociadas a ABTA.
