La defensa del modelo de Airbnb entre la sociedad civil se ha quedado con un único defensor: ellos mismos. Únicamente los lobbies de propietarios de estas viviendas, responsables de extraer hogares del parque hacia su uso turístico para aumentar algo más su beneficio privado del que hubieran sacado con alquileres a residentes, abogan por que no se extirpe este formato.
Pero para sorpresa de muchos, las autoridades se han sumado a sus proclamas pese a colisionar con el interés general, y desde las más altas instancias gubernamentales ha apoyado hasta con convicción que “las familias baleares también tienen derecho a aprovecharse de la bonanza turística”.
Así, sitúan este derecho por encima del acceso a una vivienda, y pese a la amenaza a la identidad local ante un inaudito éxodo de locales, que se acentuará tras regularizar esta semana 90.000 plazas de un parque de unas 500.000 viviendas que existen en la isla, pese a que tanto sindicatos como patronales de distintos gremios y países han puesto el grito en el cielo por ello.
Que se privilegie un modelo de masas que ha sido criticado así tanto por los sindicatos durante las pasadas manifestaciones del Primero de mayo, como por las agencias baleares agrupadas en Aviba, o las británicas asociadas a ABTA (El líder de las agencias británicas se une en clamar contra el descontrol del modelo Airbnb).
Cabe recordar también las palabras en 2022 del presidente de la organización ecologista GOB, Amadeu Corbera, en las que reconocía su error a la hora de haber apoyado junto a autoridades de izquierda nacionalista como Més el alquiler vacacional solo porque perjudicaba a los hoteleros.
Se ponía de manifiesto así el grave daño a la ciudadanía que pueden implicar ciertos perjuicios ideológicos, después de que el arrendamiento de corta estancia se disparase hace casi una década auspiciado por Airbnb y por la connivencia de los políticos que siguieron una corriente social que apoyaba lo que Corbera había defendido como “democratizar el turismo frente a los hoteleros”.
“Esto ha supuesto una burbuja inmobiliaria en la isla”, admitía entonces Corbera, sobre las consecuencias de los prejuicios ideológicos de una parte de la ciudadanía contra los hoteleros que dio como fruto el agudo encarecimiento de la vivienda para los residentes, con el importante perjuicio de cara al acceso a la vivienda.
“Hay una estructura y unas leyes que lo permiten. Y no hay que olvidar que fue Biel Barceló quien permitió el alquiler turístico”, abundaba también el presidente del GOB, cuando reconocía su equivocación tanto sobre su postura inicial y también cuando admitía las graves consecuencias que de ellas se han derivado para el conjunto de la ciudadanía.
Esta vía libre para el alquiler vacacional se ha traducido en un agudo encarecimiento de la vivienda para los residentes, además de que en solo un lustro entrasen en la oferta turística tantas habitaciones como las que llevó 60 años regularizar para la hotelería.
Además, el alquiler vacacional ha vulnerado los planes urbanísticos que delimitan las zonas en residenciales, industriales, rústicas y turísticas, sobre los cuales se planifican la asignación de recursos y servicios. Así, además de complicar el acceso a la vivienda al grueso de los locales, se ha deteriorado la convivencia en los núcleos urbanos, y se ha disparado la turismofobia como consecuencia de la saturación y masificación. Y del mismo modo, la proliferación del alquiler de corta estancia ha generado menos impuestos para las arcas públicas que el que genera un mismo turista alojado en un hotel, a la vez que la creación de empleo es netamente inferior.
