
Manos Limpias ha presentado una denuncia penal contra los presidentes de Renfe y Adif, Álvaro Fernández Heredia y Luis Pedro Marco, respectivamente, por un presunto delito de imprudencia grave tras la reciente paralización de la línea AVE Madrid-Sevilla. La querella, registrada en los juzgados de Madrid, incluye también a María Esther Mateo, directora de Seguridad de Adif, y Andrés Cortabitarte, exdirector del mismo área (Restablecido el servicio de AVE entre Madrid y Andalucía tras el sabotaje).
Según informa The Objective, la organización acusa a los responsables de haber permitido que más de 10.000 pasajeros quedaran “abandonados a su suerte” el pasado domingo, en plena operación salida del puente del 1 de mayo. Según el escrito, los viajeros afectados, entre ellos “niños, ancianos y personas con discapacidad”, sufrieron una falta total de atención, llegando a pasar la noche en estaciones como Atocha o Santa Justa “tirados en los vestíbulos” sin comida, agua ni información.
Como publicó Preferente, el robo de cable afectó a cinco tramos de la red ferroviaria en la provincia de Toledo y causó una interrupción del servicio hasta el mediodía del lunes. Aunque el Gobierno deslizó la posibilidad de un sabotaje, la Guardia Civil lo ha descartado y apunta a bandas criminales habituales en la zona como responsables. Según los investigadores, se sustrajeron unos 150 metros de cobre valorados en aproximadamente mil euros.
Manos Limpias sostiene que la infraestructura ferroviaria carecía de medidas de seguridad suficientes para evitar un ataque de este tipo. “Se conocía la incidencia desde las 18:10 del domingo y aun así se permitió la circulación de trenes”, afirma el colectivo en la denuncia. Considera que se vulneró un servicio público esencial y que se ha generado un “perjuicio económico y material”, no solo para los usuarios, sino también para la imagen del país.
La denuncia se ampara en el artículo 267 del Código Penal, que contempla sanciones por daños materiales derivados de una imprudencia grave si superan los 80.000 euros. La organización de Miguel Bernad señala que será necesario que los afectados presenten sus propias denuncias para que prospere la causa penal, como exige la ley para este tipo de delitos.
Con todo ello, mientras la Guardia Civil continúa con las investigaciones y busca a los autores, Manos Limpias insiste en que las responsabilidades no deben limitarse al ámbito político. “Existe una responsabilidad técnica que deben asumir los dirigentes de Renfe y Adif”, concluye en su escrito.
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