Las autoridades vienen demostrando una distinta vara de medir con Uber y con Airbnb. Y parecen hacerlo en contra del interés general, a costa de favorecer a una minoría.
Mientras la plataforma de transporte aumentaría la oferta y la calidad para el consumidor medio, el trasvase de vivienda residencial hacia su uso turístico ha dificultado el acceso a una casa ante su obvio encarecimiento, y ha colapsado algunos destinos, además de haber perturbado la convivencia vecinal, e ir degradando las identidades locales.
Pues ante ello, los gobernantes han venido demostrándose implacables para poner todas las trabas a Uber, y a la vez, tremendamente asustadizos para poner coto al desmadre con el alquiler vacacional.
Los políticos parecen temer el verse en la diana de agresivos colectivos como los del taxi, o como los de las asociaciones de propietarios de casas para viajeros, que, conscientes de ello, acostumbran a un lenguaje más intimidatorio que ningún otro lobby.
Por mucho que las autoridades de todos los distintos estamentos prometan acotar a Airbnb, en la práctica no se acaba haciendo prácticamente nada, salvo en Nueva York, donde la ciudad ha dado un vuelco en su equilibrio gracias a ello.
Lo que para defender a Airbnb es “democratizar” el turismo, para Uber no es válido, puesto que se ve que no “democratiza” el transporte, aún siendo este aspecto una de las grandes carencias en los principales destinos, en especial tras dispararse el alquiler vacacional, precisamente.
Valientes contra Uber y cagados contra Airbnb, cuyo argumento definitivo es que quien se oponga a su profusión es porque defiende al lobby hotelero, sin concebir que, además de eso ser cierto, también es poco discutible que para el bien común trae más beneficios contener la inflación disparada de la vivienda, la mayor aportación al empleo y su estabilidad, la fiscalidad, la convivencia o el equilibrio en el uso de las infraestructuras.
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