El Govern de Baleares ha aprobado este viernes un nuevo decreto ley que refuerza la lucha contra la oferta turística ilegal con un aumento generalizado de las sanciones. Las infracciones muy graves podrán alcanzar los 500.000 euros, lo que supone un incremento del 25% respecto a las sanciones anteriores. La norma también hace corresponsables a las plataformas digitales que publiciten alojamientos sin número de registro turístico (Baleares rescata miles de plazas turísticas que fueron dadas de baja).
Según informa Mallorca Diario, esta decisión, que forma parte del nuevo paquete de medidas de contención turística acordado por el PP y Vox, obliga a estas plataformas a verificar que las propiedades ofertadas cuentan con el número de inscripción en el registro oficial. En caso de incumplimiento, compartirán la responsabilidad con los propietarios, quienes seguirán siendo los principales responsables legales (Prohens renuncia a subir la ecotasa por las presiones de Vox).
Las multas por infracciones graves se elevan hasta los 50.000 euros, mientras que las leves podrán llegar a los 5.000 euros. Esta revisión del régimen sancionador busca reforzar los mecanismos de control sobre el mercado de alquiler turístico, especialmente en zonas donde se ha detectado una alta concentración de oferta no autorizada.
Como medida complementaria, el Govern introduce un sistema de incentivos para propietarios sancionados que reconduzcan su vivienda al alquiler social o de precio limitado. En esos casos, podrán beneficiarse de una rebaja de hasta el 80% en la sanción impuesta. Las rentas obtenidas pasarán a estar gestionadas por la comunidad autónoma.
Esta línea de actuación se enmarca en una estrategia más amplia de contención del crecimiento turístico. Por ejemplo, el decreto veta la creación de nuevas plazas turísticas en viviendas situadas en edificios plurifamiliares, una medida que se aplicará de forma generalizada en todas las islas del archipiélago. Igualmente, establece también que, para renovar las licencias existentes en estas viviendas, será obligatorio cumplir requisitos de calidad más estrictos.
Igualmente, como publicó Preferente, el ejecutivo autonómico desbloqueará la comercialización de unas 90.000 plazas turísticas antiguas que estaban en situación irregular. Estas plazas, dadas de baja y no reutilizables bajo la anterior ley turística, podrán ahora ser reactivadas.
Cabe recordar también que las presiones de Vox han dejado fuera de este decreto otras medidas inicialmente previstas. Estas son el incremento de la tasa turística en temporada alta, y la aplicación de un nuevo impuesto a vehículos vacacionales, que consistía en el cobro de una tarifa variable según emisiones y tiempo de circulación en las islas de 30 a 80 euros.
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