Durante décadas, como constata el presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, el modelo de construcción de hoteles y apartamentos en altura y en las primeras líneas de playa, propio de los años del “boom” del turismo español, se denominó “balearización”, injusto o no, pues como pioneros, la proyección que estaba adquiriendo nuestro modelo hotelero y turístico incomodaba a los destinos competidores.
Pero desde entonces hasta ahora hemos evolucionado mucho (los hoteleros, los promotores inmobiliarios y la sociedad civil balear) y hoy sabemos que el turismo es un motor fundamental de nuestro desarrollo socioeconómico, pero que esta “bendición” puede tornarse en maldición cuando asfixia nuestros recursos, convierte nuestras ciudades en parques temáticos, banaliza nuestro comercio local, distorsiona el mercado de la vivienda condenando a esta generación y a las siguientes a la pobreza habitacional. Algo de esto está ocurriendo hoy en nuestras Islas, pero ¿desde cuándo? ¿cómo? ¿Quién está interesado en esta dinámica?
Veamos algunos datos: el parque de plazas hoteleras en Baleares se ha incrementado de manera residual (+5% desde 2015), mientras que el parque de viviendas de uso turístico ha crecido un 135%, 27 veces más, en el mismo periodo. En Baleares, una de cada 25 viviendas se destina al alquiler turístico, el porcentaje más alto de España. Pollença es el municipio con mas vivienda turística, solo superada por Yaiza y La Oliva, en Canarias. Es decir, que mientras los hoteles llevamos más de una década -desde la reforma de la Ley de Turismo de 2012- invirtiendo en mejoras que persiguen potenciar la calidad frente a la cantidad (menos turistas pero mas rentables, mas respetuosos) el negocio de “los vivienderos” (por contraposición a los hoteleros), aglutinados en la todopoderosa patronal Habtur, no deja de crecer y saturar nuestros destinos, y de expulsar vivienda residencial del mercado para destinarla a una actividad económica que merma el parque residencial disponible para ciudadanos y trabajadores. Ante esta realidad, el desahogo de Habtur al culpar a los hoteleros de la crisis de la vivienda sólo puede calificarse de desfachatez.
Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International. Fuente: Meliá.
Dejemos de lado, por un momento, la variable “cantidad” de turistas de esta modalidad de alojamiento, y pensemos por un momento en la “aportación de valor” de uno y otro modelo: el hotel es siempre legal, paga sus impuestos y contrata muchos empleados (para los que, por cierto, como denuncian los sindicatos mayoritarios, muchas veces no encuentra vivienda debido al desvío de vivienda residencial a uso vacacional, a precios exorbitantes). Además, el hotel cumple las normativas en materia de seguridad y salud, residuos, control policial, y ejerce además como recaudador del mal llamado Impuesto del Turismo Sostenible, ya que la mayoría de lo recaudado no se destina a mejorar o hacer más sostenible nuestro modelo turístico.
Frente a ello, los alquileres turísticos presentan un alto índice de ilegalidad, generan poco gasto en el destino y menos aún empleo de calidad, banalizan y empobrecen el tejido comercial local, y sobre todo, tensionan el mercado de la vivienda, con las consecuencias sociales que todos estamos viendo en nuestras ciudades.
Es cierto que la magnífica iniciativa que tuvo el actual Govern Balear al constituir la prometedora Mesa del Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de las Illes Balears al comienzo de esta legislatura, (bajo la dirección del muy solvente Antoni Riera) se ha ido desdibujando al ir recogiendo intereses políticos de diverso orden muy alejados de un diagnóstico riguroso de los problemas y las soluciones para nuestro modelo turístico: un modelo que todos podamos “querer” como propusimos a nivel nacional desde Exceltur, respetuoso y empático con la población residente, rentable (social y económicamente) y planificado en función de los recursos disponibles y las “capacidades de carga” de los destinos.
En lugar de ello, se anuncian nuevas subidas de la ecotasa, lanzando un mensaje no sólo frustrante, sino francamente ofensivo para toda la oferta reglada, al sugerir que la masificación y los excesos serían achacables a los que siempre hemos estado controlados, regulados y hemos cumplido, mirando hacia otro lado respecto a las responsabilidades de la oferta alegal, ilegal y otras hierbas.
A pesar de nuestra frustración, confiábamos en que la Mesa del Pacto acabaría por marcar un camino coherente hacia el modelo que necesitamos, pero si esto es un ejemplo de su hoja de ruta, que Dios nos coja confesados. En Meliá teníamos un gran ejemplo a seguir: la transformación de un destino altamente “balearizado” como Magaluf, en un destino viable, rentable, y sostenible económica y socialmente. En 2010, Magaluf se ahogaba, sus residentes se iban, era el destino menos rentable del mundo para Meliá, y entre todos lo hemos reconvertido en un ejemplo de “bucle virtuoso” donde gracias a la iniciativa de los hoteleros y la colaboración leal de las instituciones, vuelven a veranear familias de clase media y pareja de distintos puntos de Europa y España, se abren hoteles de 4 y 5 estrellas que generan empleo de calidad, negocios complementarios rentables, diversificados y de nivel superior, consiguiendo extender cada año un poco más su temporada. Puedo asegurarles que, aunque queda trabajo por hacer, la transformación de Magaluf no se ha hecho gracias a los mencionados “vivienderos”.
Decreto para la contención, contra la oferta ilegal y para la calidad turística
Parece sin embargo, que en el conjunto de Baleares no impulsaremos este “bucle virtuoso”, si el próximo viernes el Govern aprueba un decreto, que bajo el engañoso nombre de “Decreto para la contención, contra la oferta ilegal y para la calidad turística” se decanta claramente por el modelo del alquiler turístico y aunque sin conceder más licencias en plurifamiliares, no ataca el problema ni aporta la solución que la ciudadanía espera: devolver al mercado residencial miles de viviendas plurifamiliares. Las licencias de las que disponen y, que en su origen eran temporales, no debieran renovarse bajo ningún concepto dado el contexto actual y, menos aún ante el reiterado clamor y preocupación de los habitantes de las islas, que no sólo se traducen en las manifestaciones realizadas.
Tampoco se puede obviar que, permitir el libre intercambio de las plazas (aquellas no materializadas pueden ser cedidas libremente) es dar continuidad a miles de unidades en modalidad plurifamiliar, que debe desaparecer del mercado turístico por los efectos que provocan en detrimento de nuestro destino e invaden espacios que, hasta el estallido de la mal llamada economía colaborativa, estaban reservados para los residentes.. Repito, ¿a quién interesa esta deriva? ¿Las decisiones se basan realmente en el interés general y en el análisis de las necesidades sociales? ¿Puede entender alguien que ante una emergencia habitacional no se priorice, entre otras medidas que puedan impulsarse, la posibilidad de acceder a una vivienda a los trabajadores y ciudadanos de las islas?
Mientras los destinos turísticos más saturados (y exitosos) del mundo ponen coto al alquiler vacacional, en Baleares haremos un Decreto para protegerlo, y consolidarlo aún más. Ni se arregla con ello la vivienda, ni nos engañan. Y para los críticos “de oficio” a los hoteleros, les diré que no se equivoquen: los principales perjudicados de esta dinámica indeseable no somos los hoteles, que seguiremos funcionando a pesar de las barreras; la peor parte se la llevan, lamentablemente, los trabajadores y residentes necesitados de una vivienda accesible, un mercado laboral que se precariza, los ciudadanos que perdemos calidad de vida y de convivencia y los pequeños negocios de nuestros destinos que ven cómo su clientela se empobrece y se reduce la “derrama” económica de los turistas que abarrotan las calles y los servicios públicos.
Si esto sale adelante, pronto volveremos a ser conocidos por la “segunda balearización”: la de ciudades y destinos de nuestras islas desbordados, llenos de turistas “low-cost” con maletas rodando por el centro de nuestras poblaciones y cajetines con llaveros en los portales, servicios públicos saturados e infraestructuras – carreteras, playas, transportes- colapsados. Unas islas insostenibles a las que los turistas rentables, respetuosos, de alto valor añadido, irán dejando, progresivamente, de venir, porque Baleares no será un destino de calidad, rentable, ni sostenible, y en las que nuestros hijos y nietos no podrán acceder a una vivienda. La pregunta a nuestros legisladores es ¿habrá valido la pena el puñado de votos que hayan conseguido a cambio?
