Muchas start ups y pymes habían comprometido inversiones, contratado personal y adquirido equipamiento tecnológico
Un amplio grupo de pymes turísticas ha reclamado de forma urgente al Gobierno una prórroga en los plazos de ejecución de los proyectos vinculados a las ayudas de digitalización “Última Milla”, ante el retraso en los pagos comprometidos. Aunque el Ministerio de Turismo ha comenzado a efectuar desembolsos parciales, muchas empresas aseguran que siguen sin recibir la financiación, y alertan de un inminente bloqueo en sus procesos de modernización.
La convocatoria, cerrada el 13 de marzo de 2024, establecía un calendario de ejecución ajustado. A pesar de contemplar tres líneas de actuación con duraciones de 9 a 12 meses, todas debían finalizar antes del 31 de marzo de 2025. No obstante, la resolución definitiva se publicó el 17 de diciembre de 2024, y se concedió una única prórroga hasta el 30 de junio de 2025. Este margen de seis meses y medio es considerado insuficiente por las empresas.
Según lo previsto en la convocatoria, las ayudas incluían un pago anticipado sin necesidad de avales para facilitar la ejecución de los proyectos. Sin embargo, los abonos no comenzaron hasta abril de este año, cuando el plazo ya se encontraba avanzado.
En este sentido, muchas start-ups o pymes en expansión, ya habían comprometido inversiones, contratado personal y adquirido equipamiento tecnológico bajo la previsión de recibir las ayudas. En algunos casos, los importes pendientes alcanzan los 300.000 euros, lo que ha venido problemas de tesorería y riesgo de impagos a proveedores.
“Las ayudas prometían ser un pilar clave para la modernización del sector turístico y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas españolas. Sin embargo, aunque el Ministerio ha comenzado recientemente a efectuar pagos parciales de estas ayudas, un importante número de pymes turísticas sigue sin recibir la liquidez comprometida”, alertan las pymes.
Es por ello que diferentes portavoces del sector advierten que paralizar los proyectos por falta de liquidez implicaría incumplir plazos, asumir sobrecostes e incluso perder competitividad. Por ello, solicitan al Ministerio una extensión del calendario de ejecución más allá de junio de 2025 y la agilización inmediata de los pagos para evitar consecuencias económicas graves.
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