El copresidente del grupo Barceló, Simón Pedro Barceló, ha criticado la actitud de las autoridades políticas hacia el sector turístico, señalando una falta de implicación y comprensión que, según él, favorece a los discursos turismofóbicos (Barceló: “Es muy difícil que alguien quiera comprar Ávoris”).
En una entrevista concedida a ABC, ha expresado que “están haciendo dejación de la defensa del sector turístico”. Como ejemplo, ha citado la ausencia total de referencias al sector por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante un foro organizado por el mencionado diario, a pesar de ser “la primera actividad económica y la primera generadora de empleo de su región”.
Ha apuntado que “no es solo un problema de comunidades con gobiernos de izquierdas que han impuesto ecotasas”, ya que “el gobierno del PP en Baleares la está intentando incrementar”. Para el empresario, esto demuestra que existe “un problema de comprensión de la realidad y de la oportunidad” por parte de los políticos, porque, cada vez que no se defiende el valor del turismo se “ofrece una nueva baza a aquellos que tienen una visión negativa de esta actividad”.
Por otro lado, preguntado sobre el ‘Gran Hermano’ turístico del ministro Marlaska, Barceló ha sido tajante: “La excusa de la seguridad no se sostiene”. Así, rechaza que sean los hoteles los encargados de recopilar y facilitar datos privados de sus clientes. “No debemos ser los inquisidores ni quienes facilitemos información personal”, ha afirmado, añadiendo que ni siquiera en Estados Unidos existe una normativa similar, a pesar de su estricta política de seguridad.
“El cumplimiento de la norma se está haciendo por imperativo legal, pero preferiríamos que no existiera”. A su juicio, no hay evidencias de que alojarse en hoteles haya estado vinculado con actos terroristas en ninguna parte del mundo.
Finalmente, en relación a la crisis de vivienda, el directivo ha apuntado que la oferta ilegal de alquiler vacacional “está íntimamente ligada al problema de la vivienda”. Considera que permitir actividad turística en zonas residenciales “quita de la oferta residencial unas viviendas que deberían estar dedicadas a ello”. “Metemos actividad turística en zonas donde no corresponde y el problema está garantizado”
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