En los últimos meses han trascendido en diferentes plataformas los anuncios de venta de viviendas en la Comunidad Valenciana que incluyen cada vez con más frecuencia la mención “con licencia turística” como reclamo para los compradores interesados en la inversión inmobiliaria (La Comunidad Valenciana eliminará más de 34.000 pisos turísticos).
Sin embargo, según informa el diario Información, hay que tener en cuenta que esta licencia no es transferible, según establece la normativa vigente en la Comunidad Valenciana. Así, se obliga al nuevo propietario a realizar una nueva solicitud para obtener el permiso.
El Decreto Ley 9/2024, aprobado en agosto del año pasado por la Generalitat Valenciana, modificó la regulación de las viviendas de uso turístico. En el documento se señala claramente que, en caso de cambio de propiedad, “será de aplicación, tanto a la vivienda como a la nueva persona propietaria, el régimen y los requisitos legales y reglamentariamente vigentes”. Para ello, el comprador debe presentar una nueva declaración responsable junto con un informe municipal de compatibilidad urbanística favorable.
Pese a las restricciones, continúan apareciendo inmuebles que se anuncian con licencia turística. En localidades como Alicante, Benidorm, Denia, Javea y Calpe, ya hay más de 480 viviendas que incluyen este término en su descripción, lo que puede inducir a error a los compradores sobre la validez del permiso.
Además de la intransferibilidad, las restricciones municipales dificultan la obtención de nuevas licencias. Ciudades como Alicante, Sant Joan y L’Alfàs del Pi han impuesto moratorias de hasta dos años en la concesión de nuevos permisos. Igualmente, otras localidades, como Altea y Polop, han adoptado medidas similares por un periodo de doce meses, mientras que Denia ha restringido los permisos dentro del casco urbano.
Otra modificación incluida en el decreto establece que las licencias turísticas tendrán una caducidad de cinco años, obligando a los propietarios a renovarlas periódicamente. Las concedidas antes de la entrada en vigor de la norma expirarán en agosto de 2029, con el objetivo de evitar que viviendas inactivas permanezcan registradas de forma indefinida.
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