Un momento del debate organizado por Apartur el pasado martes en Madrid. Fuente: Apartur
La jornada organizada por Apartur, la asociación profesional que representa al sector de las viviendas de uso turístico en la provincia de Barcelona, se celebró en Madrid el pasado martes, 18 de marzo.
Según ha explicado Enrique Alcántara, presidente de Apartur, “decidimos realizar esta jornada en Madrid para poder explicar allí nuestra realidad a los partidos políticos y agentes económicos porque nos da la sensación de que hay bastante desconocimiento sobre el decreto de la Generalitat de 2023: no se percibe que supondrá la extinción total de las viviendas turísticas en Barcelona”.
Apartur recuerda que Barcelona fue precisamente la primera ciudad europea que comenzó a regular y controlar el sector de los pisos turísticos, “con iniciativas que pueden servir de modelo para otras ciudades, y con requisitos que ahora se están legislando a nivel nacional”.
Así, “desde hace más de diez años, las viviendas de uso turístico de Barcelona están limitadas y sujetas a un número de licencia, y su número se ha mantenido estable”.
Sin embargo, “los avances conseguidos en la capital catalana están ahora en riesgo”, advierte Apartur.
La entidad recuerda que los 10.000 pisos turísticos en Barcelona representan el 1% del parque residencial total de la ciudad. “Se trata de un sector ordenado y contributivo que también ha ayudado a la administración a combatir las viviendas de uso turístico ilegal hasta la práctica eliminación, con más de 10.000 órdenes de cierre emitidas por el Ayuntamiento de la capital catalana desde 2016”.
Además, “gracias a la regulación y control del sector, en la última década los pisos turísticos legales han conformado una oferta de alojamiento de calidad, y también han fomentado iniciativas en favor de su integración en los barrios y vecindarios”, añade Apartur.
Por ejemplo, Apartur fue uno de los principales impulsores en 2019 del Servicio Municipal de Convivencia y Turismo de Barcelona, “que ofrece asesoramiento y mediación entre los vecinos y los propietarios o gestores de las viviendas de uso turístico legales”.
Otra iniciativa que se desplegó en Barcelona hace ya cinco años fue el proyecto WeRespect, que cuenta con un programa para la instalación de detectores de ruido en los pisos turísticos, y con un teléfono para atender llamadas de los ciudadanos.
¿Qué supondrá la eliminación de pisos turísticos en Barcelona?
Durante la jornada organizada en Madrid “La regulación de los pisos turísticos en Barcelona, un modelo pionero y de éxito en riesgo” varios expertos alertaron que los avances logrados en la capital catalana “están ahora en peligro por la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de eliminar todas las licencias de viviendas turísticas en la ciudad a finales de 2028”.
La decisión del Ayuntamiento se ampara en el Decreto Ley 3/2023 de la Generalitat que permite dejar sin efecto las licencias actuales en un plazo de cinco años desde su entrada en vigor.
“La prohibición es una medida tremendamente drástica”, afirmó el abogado especialista en Derecho Urbanístico en Garrigues, Pablo Molina. “La decisión de eliminar es empobrecedora y no conlleva ningún resultado positivo. Es una renuncia de la administración pública a gestionar el sector de los pisos turísticos y aprovechar su contribución económica y fiscal en favor de los ciudadanos que, además, hará resurgir de nuevo la oferta ilegal”.
En este sentido, Molina expuso que la gestión del sector “permite garantizar un orden, un control y una calidad a los ciudadanos, contribuyendo al desarrollo económico de la ciudad y a las arcas públicas con impuestos que se pueden destinar a fines de interés general como políticas de vivienda”. Sin embargo, “la prohibición supone dar un paso atrás, al establecer un modelo empobrecedor desde todas las perspectivas y que no garantiza que esas viviendas vayan a pasar al mercado residencial”.
Impacto de la prohibición de los pisos turísticos en otras actividades económicas
En la jornada organizada por Apartur también se presentaron las conclusiones de un informe elaborado recientemente por la consultora PwC: ‘El impacto de la eliminación de las viviendas de uso turístico en Barcelona’.
De acuerdo con dicho informe, “la prohibición podría conllevar la pérdida de una parte de la actividad económica generada en sectores como el comercio, la restauración, el ocio y la cultura, y un debilitamiento de la competitividad de la ciudad afectando a su posicionamiento internacional, sin resolver los problemas de fondo del acceso a la vivienda”.
“La eliminación de los pisos turísticos reduciría la disponibilidad de plazas de alojamiento en Barcelona, no pudiendo ofrecer la ciudad suficientes plazas durante la celebración de reuniones profesionales, ferias y congresos como el Mobile World Congress (MWC), así como grandes eventos deportivos y culturales”, añade el informe.
El informe de PwC además, desvincula los pisos turísticos de la subida de los precios del alquiler en la ciudad. Ver también:
Rehabilitaciones y seguridad jurídica, claves para el mercado de la vivienda
Tras la presentación del informe tuvo lugar la mesa redonda “El futuro de la vivienda turística en España y propuestas de acción”, donde varios expertos coincidieron en que no puede señalarse a los pisos turísticos como culpables de la actual crisis de la vivienda.
El presidente y CEO de España y Portugal de Colliers, Mikel Echavarren señaló que “la oferta de vivienda turística legal es tan legítima como la de otros negocios que también se desarrollan en pisos, y que ocupan muchos más inmuebles que los de uso turístico. La solución al problema de la vivienda pasa por medidas en positivo con las que incrementar la oferta como rehabilitar edificios de oficinas obsoletos y convertirlos en vivienda, o flexibilizar y dar seguridad jurídica al mercado de la vivienda”.
El abogado en Garrigues, Pablo Molina, destaca que “en la regulación y la gestión de las ilegalidades es donde las herramientas administrativas permiten avanzar y donde se producen los efectos de verdad, tal y como ha sucedido en Barcelona, donde se ha combatido la oferta de pisos turísticos de uso fraudulento de manera exitosa”.
Luis Falcón: “La capacidad de adaptación flexible de la vivienda turística ha dado soporte a la necesidad de Barcelona para acoger eventos, a los sectores de alta tecnología y servicios intensivos en conocimiento”
El director general de inAtlas y experto en economía urbana, Luis Falcón, afirmó: “Hay que elevar el debate y sacar a las viviendas de uso turístico del centro del grandísimo reto de la vivienda. Hay que ponerlas en valor como actor imprescindible para la competitividad de la ciudad. La presencia de esta oferta adapta a Barcelona a los nuevos tiempos. Su buena planificación y gestión ha dotado a la ciudad de herramientas poderosas para un desarrollo equilibrado con el medio y la sociedad. Su capacidad de adaptación flexible ha dado soporte, a la necesidad de la ciudad para acoger eventos, a los sectores de alta tecnología y servicios intensivos en conocimiento (sectores tecnológico, biomédico, farmacéutico, creativo, industrias 4.0…), y a los familiares y amigos que nos visitan”.
En este sentido, según una encuesta realizada por Apartur en el MWC 2025 este mes de marzo, 9 de cada 10 congresistas que eligen pisos turísticos están en contra de su eliminación porque les dificultaría encontrar alojamiento asequible y flexible en la ciudad.
Enrique Alcántara, presidente de Apartur. Fuente: Hosteltur.
El presidente de Apartur, Enrique Alcántara, remarcó que “cualquier decisión, para ser eficiente, debe fomentarse en datos y no en percepciones, y el informe de PwC aporta información relevante sobre la contribución de las viviendas de uso turístico de Barcelona y sobre el error que supone plantear su prohibición. Y no lo decimos solo nosotros, el Banco de España recomienda que cualquier medida restrictiva sobre la vivienda de uso no residencial debe tener en cuenta una evaluación global de su impacto”.
En todo caso, ha indicado Enrique Alcántara en declaraciones a Hosteltur, “no creemos que otras comunidades autónomas y ciudades quieran imitar a Cataluña y Barcelona”, en el sentido de aprobar decretos y prohibiciones similares.
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