No se ha notado nada porque no es aún el momento, pero el Tribunal Constitucional ha ratificado un decreto de la Generalitat de Cataluña que permite a los ayuntamientos que, en 2028, no renueven las licencias para operar en alquiler turístico (Collboni responde a Airbnb: “La decisión de extinguir los pisos turísticos es firme”).
Las licencias de los apartamentos y pisos turísticos de Barcelona se deben renovar en noviembre de 2028. El ayuntamiento actual –hasta entonces quizás podría cambiar la mayoría, algo improbable– está decidido a denegar todas las renovaciones, lo que significa que los diez mil propietarios de apartamentos turísticos legales deberán encontrar un nuevo uso para sus pisos, probablemente volver al alquiler de largo plazo, para residentes.
La norma autonómica fue cuestionada por el Partido Popular que acudió al Tribunal Constitucional y perdió. La norma, además de permitir este uso por parte de los ayuntamientos, también limita, en términos generales, cuántas licencias se pueden conceder, nunca más del diez por ciento de los pisos de residentes y por un término de cinco años, prorrogables.
La medida, cuando se llegue a aplicar, es de las más radicales contra los pisos y apartamentos turísticos. Entre las grandes ciudades, sólo Nueva York parece haber ido tan lejos al prohibir esta oferta de alojamientos. En Francia, la ley permite a los ayuntamientos reducir a pocas semanas el tiempo durante el que un piso puede destinarse cada año a este uso.
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