Justamente el mismo día en que se conocieron detalles del fuerte recorte que la Unión Europea está planeando aplicar a los derechos de los viajeros que sufran retrasos o cancelaciones de vuelos, la policía detenía a varias personas supuestamente por sobornar a eurodiputados para que votaran lo que los corruptos querían. Antes se conoció cómo grupos qataríes usaban una organización de eurodiputados para hacerles obsequios con los que conquistaban el sentido de su voto (Europa reducirá el derecho del viajero a la compensación).
Todo esto es una simple coincidencia, por supuesto.
Sin embargo, la norma europea actual, que obliga a indemnizar a partir de retrasos de tres horas (que pasarían a cinco, nueve y doce horas, dependiendo de la distancia del vuelo), no es muy justa. Pero no porque el límite para el retraso sean las tres horas, sino por otro motivo.
No parece nada justo que las indemnizaciones sean fijas: 300 euros, por ejemplo, por un vuelo de corto radio, retrasado más de tres horas. Y eso se aplica tanto a quien ha pagado veinte euros como a quien ha pagado 300. No, no es normal porque eso castiga el vuelo barato. Por ejemplo, las aerolíneas deberían verse obligadas a pagar cinco veces el precio del precio real del billete. Simplemente, por justicia.
Mientras por un lado se procede de esta manera en favor de las aerolíneas, sigue el malestar e incluso las protestas contra la variación de la directiva de viajes combinados, que carga sobre las agencias de viajes y los turoperadores los costes de cualquier anomalía en los servicios, lo cual estaría justificado si se limitara a lo que es su responsabilidad, pero que en este caso se ha redactado ambiguamente, sin que quede claro que son “circunstancias excepcionales”.
Es muy curioso ver cómo la Unión se ceba contra los agentes y al mismo tiempo revisa las normas en favor de las aerolíneas. Muy curioso, desde luego.
