El Gobierno de Canarias rebate los recientes argumentos expuestos por la CNMC en lo relativo a la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, defendiendo la normativa tal y como está planteada. A su juicio, las recomendaciones realizadas dejan de lado “aspectos fundamentales como el derecho a la vivienda, la protección del entorno urbano y la calidad de vida de los residentes, y se centran exclusivamente en criterios de mercado” (Canarias: los pisos turísticos pueden convertirse en “actividad residual”.
Como publicó Preferente, Competencia expuso que “varias medidas deberían estar más justificadas”, ya que se corre el riesgo de que “las viviendas turísticas se conviertan en una actividad residual”. Asimismo, cree que la normativa condiciona el uso turístico de viviendas en suelo residencial a que los ayuntamientos lo permitan en sus planes urbanísticos.
A este respecto, la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha subrayado que “la CNMC pasa por alto que el modelo de crecimiento turístico de Canarias debe ser compatible con el bienestar de la ciudadanía, la sostenibilidad del territorio y la preservación de la identidad local”.
Uno de los puntos más criticados por la consejera es el planteamiento de que la Viviendas de Protección Oficial puedan destinarse al alquiler vacacional. Se trata de “una postura que desde el Gobierno descartamos”, ya que “son un recurso esencial para garantizar el acceso a la vivienda de las familias más vulnerables y han sido financiadas con dinero público”.
También se ha mostrado preocupada por la propuesta de permitir el crecimiento del alquiler vacacional en zonas donde la vivienda es escasa, una medida que considera “inaceptable”. Además, sobre la recomendación de permitir la conversión de locales en viviendas vacacionales, incluso en zonas protegidas, De León avisa de que “poner en peligro la conservación de la Red Natura 2000 y de la biodiversidad”.
Finalmente, la consejera también ha lamentado que la CNMC sugiera modificar los criterios de accesibilidad para flexibilizarlos. “Nos oponemos con contundencia, porque la accesibilidad no es un privilegio, sino un derecho fundamental que no se puede negociar”. Además, se ha mostrado en desacuerdo con la crítica al límite del 90% de la edificabilidad destinado a los residentes, defendiendo que este porcentaje es crucial para garantizar que la vivienda siga cumpliendo su función social.
