TAP estaba a un paso se salir al mercado, si bien el Gobierno del país vecino cayó y ahora todo queda en stand by. Pero mientras, el día a día sigue y de pronto la Corte Suprema de Lisboa dictó una sentencia demoledora (La venta de TAP, en el aire por la crisis política de Portugal).
El sindicato de personal de aviación había presentado una demanda contra TAP, que iba de tribunal en tribunal hasta que llegó ahora la sentencia firme. El asunto tiene que ver con una diferenciación que TAP hizo entre empleados con contrato indefinido y con contrato limitado, que iba acompañado de una retribución diferente. Los tribunales han dicho que todos los trabajadores con contrato limitado –con fecha de finalización—deben cobrar como sus compañeros indefinidos.
Esta sentencia puede suponer unos costes de entre 200 y 300 millones de euros, mucho más de lo que inicialmente se esperaba para el peor de los escenarios. La sentencia sólo afecta a unos pocos trabajadores, cuatro, que son los que demandaron, pero el sindicato dice que la sentencia invita a los que están en situación similar a recurrir.
TAP había informado al gobierno que este conflicto podría tener un coste de 37 millones de euros.
Entre los beneficiados también estarían parte de los 1514 trabajadores que dejaron la compañía, voluntaria o involuntariamente, durante la pandemia.
