El ‘Gran Hermano’ turístico impuesto por el Ministerio del Interior está generando serias dificultades en el sector hotelero de la Comunidad Valenciana. Hosbec alerta de que la medida está bloqueando el inicio de la temporada turística, al generar un “limbo tecnológico y jurídico” que amenaza con complicar la operativa en los hoteles (La norma Marlaska triplica los datos que los hoteles deben comunicar).
El presidente de la asociación, Fede Fuster, critica el sistema, lamentando que “el sector sigue sin encontrar sentido ni utilidad a la implementación del nuevo sistema de registro de viajeros”, ya que resulta un desafío logístico, tanto para los establecimientos hoteleros como para las agencias de viaje.
Aunque los alojamientos turísticos han invertido grandes recursos en formación y adaptación a la nueva plataforma, Hosbec denuncia que “no ha dejado de dar problemas y quebraderos de cabeza al sector hotelero desde su puesta en funcionamiento”. “No funcionaba correctamente hasta pocos días antes de la entrada en vigor; se colapsó el mismo 2 de diciembre; y después de su entrada en vigor se han ido realizando modificaciones imprevistas”, apunta.
Uno de los aspectos más problemáticos es la doble comunicación de las reservas. En lugar de registrarse solo en el momento de la llegada del huésped, los hoteles deben informar a las autoridades también en el momento de la reserva. En algunos casos, las agencias o turoperadores no envían los datos al momento de hacer la venta, lo que obliga a los hoteles a enviar información incorrecta, como los datos de la empresa que realizó la reserva.
De igual manera, la entidad critica que “tres meses después de la entrada en vigor del Real Decreto, todavía no se ha publicado la Orden Ministerial que desarrolle su aplicación y que, según se indicó en las últimas prórrogas, debía publicarse antes del 2 de diciembre. Esta situación genera una gran incertidumbre ya que las empresas desconocen si la normativa va a volver a verse modificada en el corto plazo”.
Con todo ello, Fuster considera “fundamental” que “las autoridades tomen medidas urgentes para corregir estas problemáticas”. Concretamente, reclama “que esta obligación se limite a la comunicación solo en el registro de clientes y con los datos que aparecen en los documentos de identificación (Dnis y pasaportes), sin más obligación para las empresas hoteleras y de alojamiento turístico”.
