Los dueños de alojamientos que operen al margen de la legalidad se enfrentarán a sanciones de hasta 500.000 euros
Baleares prohibirá la creación de nuevas plazas destinadas a pisos turísticos en viviendas plurifamiliares, al tiempo que incrementará los requisitos de calidad para la renovación de las plazas existentes, y obligará a las plataformas de alquiler a exigir el número de registro del alojamiento (Baleares: el alquiler turístico se come el parque residencial).
En la rueda de prensa posterior al Consell, el ejecutivo insular ha anunciado una batería de “medidas de contención”, que también incluyen un endurecimiento de las sanciones para aquellos que operen al margen de la legalidad (hasta 500.000 euros). No obstante, se prevé una rebaja de hasta el 80% siempre y cuando estas viviendas pasen a destinarse al alquiler social o a precio limitado(Golpe a los pisos turísticos ilegales: Baleares los sacará del mercado).
Así, para evitar el crecimiento descontrolado de la oferta, el Govern ha reactivado el sistema de intercambio de plazas y el cambio de uso de establecimientos turísticos a vivienda. También se creará una bolsa transitoria que recopilará las plazas dadas de baja, garantizando así la contención del número de alojamientos turísticos en el archipiélago.
Otra de las medidas destacadas es la modificación de la ecotasa, que ahora se adaptará a la estacionalidad. Durante los meses de enero y febrero, el impuesto quedará eliminado, mientras que, en los meses de mayor afluencia, como junio, julio y agosto, aumentará entre un 66% y un 200% según la categoría del establecimiento. El objetivo es conseguir “una mejor redistribución de los ingresos y una mayor equidad en el impacto del turismo”.
Los cruceros serán el segmento más golpeado por el ITS, ya que la tarifa subirá de los dos a los seis euros por noche en los meses de mayor actividad turística. El resto de meses la cuota se mantendrá como en la actualidad.
En cuanto a la movilidad, el gobierno autonómico ha propuesto la creación de un nuevo impuesto para los vehículos vacacionales, con el objetivo de compensar el impacto ambiental. Esta tasa afectará tanto a coches particulares que circulen en las islas por menos de seis meses como a los vehículos de alquiler sin conductor que no estén registrados como no turísticos. Las tarifas oscilarán entre los 30 y los 80 euros, según las emisiones y el tiempo de circulación.
