El Ministerio de Consumo ha anunciado la apertura de varios expedientes sancionadores contra empresas gestoras de pisos turísticos en distintas comunidades autónomas. La medida, impulsada por la Dirección General, busca frenar posibles prácticas engañosas que vulneran la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Sin embargo, aún no se ha detallado cuántas empresas están siendo investigadas ni en qué regiones operan (Consumo abre expediente sancionador a Airbnb por publicar pisos turísticos ilegales).
La investigación comenzó hace más de dos meses tras numerosas denuncias de usuarios que alquilaron viviendas turísticas bajo la creencia de que eran gestionadas por particulares, cuando en realidad estaban administradas por empresas. Esta práctica se considera engañosa según la Ley de Competencia Desleal, ya que permite a las compañías eludir obligaciones como la atención al cliente y beneficiarse del modelo de economía colaborativa.
Concretamente, el artículo 27 de la normativa establece que “afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional” es una infracción grave. Las sanciones pueden alcanzar los 100.000 euros, e incluso superar esa cifra si se determina que el beneficio ilícito obtenido por la empresa es mayor, pudiendo ascender a entre cuatro y seis veces dicha cantidad.
Esta nueva ofensiva del Gobierno se suma al expediente sancionador abierto en diciembre contra Airbnb por no retirar “miles de anuncios de pisos turísticos sin licencia”, algo que la plataforma negó. Además, desde el pasado octubre, el Ministerio mantiene otra investigación sobre agencias inmobiliarias que supuestamente han aplicado prácticas abusivas contra inquilinos, como el cobro indebido de comisiones o la inclusión de cláusulas contrarias a la normativa vigente en contratos de alquiler.
El titular del ministerio, Pablo Bustinduy, ha defendido estas acciones enmarcándolas dentro de un esfuerzo más amplio por enfrentar la crisis de la vivienda en España. “Hay que intervenir el mercado de la vivienda, se ha convertido en un factor de riesgo de exclusión o de pobreza para las mayorías trabajadoras en las ciudades españolas”, afirmó en una reciente entrevista con el citado medio.
