El endurecimiento de las sanciones económicas a las viviendas turísticas ilegales en Madrid ha permitido que 538 pisos vuelvan a estar disponibles para residentes, según ha informado el Ayuntamiento. Las multas, que ahora oscilan entre los 30.000 y los 100.000 euros, han reducido la proliferación de estos alojamientos no regulados en la ciudad (El plan de Madrid para combatir los pisos turísticos, al detalle).
En una entrevista concedida a 20minutos, el delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha destacado que la aplicación rigurosa del régimen sancionador ha sido clave en esta recuperación. “538 viviendas que eran de uso turístico han sido restablecidas a la legalidad”, y ahora son para “residentes”. Además, ha detallado que ya se han impuesto sanciones de entre 30.000 y 60.000 euros, y que el efecto disuasorio se está notando (Madrid pone fecha al fin de los pisos turísticos ilegales).
Según Carabante, las viviendas ilegales “antes se expandían como una mancha de aceite, ahora se reducen en el sentido contrario”. Al mismo tiempo, ha explicado que la acumulación de multas, que pueden alcanzar los 190.000 euros, ha hecho que ya no sea rentable incumplir la normativa. “Antes a una persona con esas multas tan pequeñas, de 1.000, 2.000, 3.000 euros, le compensaba tener abierta” la vivienda turística de forma irregular.
En cuanto al modelo de regulación, el Ayuntamiento plantea un cambio hacia un sistema basado en edificios completos en lugar de viviendas dispersas. “No se puede cerrar o tapar los ojos ante un modelo que ha fracasado”, ha añadido, recordando que de las 16.000 viviendas turísticas operativas en Madrid, solo 1.131 cuentan con licencia.
Cabe recordar que el “Plan Reside”, impulsado por el consistorio, busca “proteger y promocionar al residente en el centro y a la vez ordenar la oferta turística” para evitar conflictos entre turistas y vecinos. Sin embargo, el delegado ha criticado la falta de apoyo del Gobierno central para reforzar la regulación, insistiendo en que medidas como un registro único obligatorio o la prohibición de comercializar viviendas ilegales en plataformas como Airbnb aún no han sido implementadas.
