Bruselas podría sancionar al Gobierno español por la discriminación que sufren las tripulantes de cabina. Según informa The Objective, el departamento de Igualdad de Género de la Comisión Europea está analizando las alegaciones presentadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la denuncia interpuesta por el sindicato Sitcpla a través de Navas & Cusí.
El proceso arrancó en septiembre de 2023, cuando el citado despacho de abogados presentó la demanda porque el colectivo de los tripulantes de cabina, conformado en un 75% por mujeres, queda fuera del Real Decreto de 1986, el cual permite a pilotos y mecánicos acceder a la jubilación anticipada (Bruselas investigará a España tras la denuncia de las TCP a Irene Montero).
Sitcpla reclamó entonces la inclusión de hasta 8.000 mujeres que se dedican a esta profesión en el catálogo de profesiones penosas y peligrosas, para que se le apliquen los coeficientes reductores a la hora de jubilarse. En su opinión, les afectan todos los factores necesarios para ello, como son los cambios de horarios constantes, diferencias de presión, temperaturas y lesiones físicas.
La denuncia fue admitida a trámite en diciembre de 2023. Un año más tarde, en la recta final de 2024, el Gobierno español presentó sus alegaciones, y ahora Bruselas deberá determinar si abre un expediente sancionador o bien archiva el caso. Teniendo en cuenta que el plazo máximo para responder es de 10 semanas, la Comisión Europea debería pronunciarse entre lo que queda de febrero y el próximo mes de marzo.
“Nos encontramos en lo que se llama diálogo estructurado y esto ocurre porque la Comisión ya observa serios indicios de infracción del derecho comunitario”, apunta Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí.
