ACAVE y ECTAA advierten sobre los riesgos de ciberseguridad asociados a la operativa de transmisión y almacenamiento de información
Las agencias de viajes han intensificado su ofensiva contra el Real Decreto 933/2021 mediante un encuentro con los eurodiputados del Grupo Popular Europeo. Representantes de ACAVE y ECTAA (patronal europea de agencias) se han reunido en Bruselas con Borja Giménez Larraz y Elena Nevado del Campo, para coordinar estrategias en la investigación que la Comisión Europea ha iniciado sobre la legalidad de la normativa española (Agencias y consumidores se unen para frenar ‘la norma Marlaska’).
Como publicó Preferente, el comisario de Justicia, Michael McGrath, anunció la pasada semana que la normativa estaba siendo evaluada “a la luz de la legislación de la Unión Europea en materia de protección de datos” tras la denuncia de la eurodiputada del PP, Dolors Montserrat (El ‘Gran Hermano’ de Marlaska, bajo la lupa de Bruselas).
Es por ello que las agencias buscan presionar en aras de que llegue una resolución positiva pronto. Una de las primeras medidas acordadas ha sido el envío de un informe al mencionado comisario en el que se detallan las “graves vulneraciones de la normativa europea de protección de datos” detectadas por las agencias”.
ACAVE y ECTAA insisten en que el Real Decreto exige información que va más allá de lo estrictamente necesario, incluyendo datos sensibles como medios de pago de los clientes. Pese a que estas preocupaciones fueron elevadas en su momento a la Agencia Española de Protección de Datos, aún no han recibido respuesta.
Otro punto clave del escrito remitido a la Comisión es la seguridad de los datos recopilados. Las asociaciones advierten sobre los riesgos de ciberseguridad asociados a la operativa de transmisión y almacenamiento de esta información, señalando que las plataformas utilizadas podrían no ofrecer garantías suficientes contra hackeos y accesos no autorizados.
Además del impacto en la privacidad y seguridad, el sector turístico teme que la normativa afecte gravemente su competitividad. Durante la reunión en Bruselas, se destacó la posible repercusión del Real Decreto en la capacidad de España para atraer turistas, dado que las exigencias documentales podrían suponer un obstáculo tanto para viajeros como para operadores del sector.
Al hilo de estas presiones, en España, el senador del PP, Agustín Almodóbar, ha redactado una nueva moción en la que insta a derogar inmediatamente la norma Marlaska, ya que “genera una problemática de enorme calado y repercusiones sobre los intereses de la segunda potencia turística mundial”. Será defendida en Comisión de Interior el próximo lunes.
