El Ayuntamiento de Valencia ha dado a conocer los primeros detalles de la nueva regulación sobre los apartamentos turísticos en la ciudad. La alcaldesa, María José Catalá, ha anunciado que se establecerá un límite del 2% de pisos turísticos por barrio, con el objetivo de preservar el carácter residencial de la mayor parte de la ciudad (La Comunidad Valenciana eliminará más de 34.000 pisos turísticos).
Según informa Valencia Plaza, esta medida supondrá un veto total a nuevas licencias en barrios donde el porcentaje ya está por encima de ese límite, como Ciutat Vella o el Cabanyal. Sin embargo, se permitirá la apertura de viviendas turísticas en edificios exclusivos para este uso, lo que podría facilitar la rehabilitación de algunas zonas deterioradas (Valencia se une a la lucha contra las viviendas turísticas).
El gobierno municipal tiene previsto iniciar próximamente el proceso para modificar las normas urbanísticas. La Junta de Gobierno Local podría aprobar este viernes el documento de evaluación ambiental, el primer paso para la aplicación de la nueva regulación. Igualmente, desde Urbanismo ya se trabaja en la documentación necesaria para avanzar en este cambio.
No obstante, la oposición ha criticado duramente la medida. Desde Compromís, su portavoz Papi Robles ha calificado el anuncio de “confesión de desorientación” del gobierno municipal y ha señalado que el consistorio no ha sido capaz de hacer cumplir las normativas previas en Ciutat Vella y el Cabanyal. Por ello, ha propuesto la creación de una Comisión No Permanente con participación de partidos, agentes sociales y vecinales para diseñar una estrategia a largo plazo.
Por su parte, el PSPV ha pedido una prohibición total de los apartamentos turísticos. Su portavoz, Borja Sanjuán, ha denunciado que mientras el gobierno local propone un tope del 2%, los datos indican que el número de viviendas turísticas sigue en aumento, superando las 10.000 en la actualidad. A su juicio, la única solución viable es impedir la concesión de nuevas licencias y revisar las ya existentes.
Mientras tanto, a la espera de la entrada en vigor de la nueva regulación, el Ayuntamiento tiene previsto prorrogar la moratoria de licencias vigente, que expira en mayo, hasta el límite legal de dos años. Así, se busca evitar un aumento descontrolado de la oferta turística mientras se define el modelo de ciudad de cara al futuro.
