Las grandes asociaciones de agencias de viajes españolas, CEAV, ACAVE, UNAV y Fetave, han aprovechado la celebración de Fitur para hacer entrega al Gobierno de un manifiesto en contra del polémico ‘Gran Hermano’ Turístico del Ministerio de Interior (Las agencias estudian acciones legales por el registro documental).
Sus principales directivos Carlos Garrido, Jordi Martí, José Luis Méndez y César Gutiérrez, acompañados de otros representantes de asociaciones, y de cerca de un centenar de agentes de viajes, se han personado en el stand de Turespaña en la feria para proceder a su lectura ante la directora general de Políticas Turísticas de la Secretaría de Estado de Turismo, Ana Muñoz.
“Las organizaciones empresariales firmantes manifiestan nuevamente su total desacuerdo con el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, así como con el proyecto de Orden Ministerial de desarrollo y ejecución del Real Decreto publicado y requieren públicamente que el gobierno español atienda su legítima solicitud de exclusión total de las agencias de viajes del ámbito de aplicación del citado Real Decreto 933/2021 y que la misma sea incluida en la referida Orden Ministerial”, recoge el manifiesto.
En declaraciones a la prensa después del acto, Garrido ha insistido en que “es una ley que solo se aplica en España, y que nos está generando muchísimos perjuicios mermando nuestra competitividad. No somos comisarías y no nos corresponde esa función, ya que nuestro papel es el de realizar la reserva exclusivamente” (Aviso al Gobierno: el registro documental vulnera la normativa de protección de datos).
Igualmente, ha recalcado que la recopilación de información que se exige “afecta a la Ley de Protección de Datos y a la Ley de Formas de Pagos”. Por lo tanto, “hemos presentado este manifiesto de todas las agencias unidad para pedir al Ministerio de Interior la exención total de la norma”.
Es más, de no tomarse medidas al respecto, el directivo avisa de que “judicializaremos esta cuestión”, porque “no estamos en disposición de aplicar la norma, la tecnología es inadecuada, y se nos está exigiendo algo que no podemos hacer”.
