La Comunidad Valenciana se enfrenta a un alza de pisos turísticos ilegales impulsada en gran medida por la falta de inspectores. Así lo reconocen desde el propio ejecutivo autonómico, lamentando que se trata de una problemática que se ha agravado en los últimos años (El plan de la Comunidad Valenciana para combatir el alquiler turístico ilegal).
Aunque se han adoptado medidas con la esperanza de contener el fenómeno, de momento siguen sin dar sus frutos. Con el reciente Decreto-ley del Consell 9/2024, la normativa se ha actualizado para dotar a los ayuntamientos de herramientas que les permitan gestionar la inspección y sanción de viviendas de uso turístico ilegales.
Sin embargo, el problema radica en la falta de personal dedicado a la fiscalización, un déficit que ha impedido controlar la oferta ilegal, que crece a la par que el número de personas que visitan la región. Esto ha dado alas a una oleada de turismofobia en España, con especial afectación en Canarias y Baleares.
El decreto establece que, además de regular la actividad de estas viviendas, los municipios puedan recibir ingresos por las sanciones impuestas a los propietarios infractores, incentivando así una respuesta más eficaz. No obstante, los propios ayuntamientos advierten de que, sin más recursos humanos, el control será limitado, lo que prolongará el auge de la oferta irregular.
Con todo ello, la comunidad tiene ante sí el reto de controlar el alza del alquiler vacacional en todos los sentidos. El ejecutivo cita la ciudad de Valencia como una de las zonas más tensionadas, aunque recuerda que se trata de un problema generalizado en toda España.
