El Ministerio del Interior obvia las críticas y advertencias del sector turístico en relación al polémico registro documental. El borrador de la orden ministerial que acaba de publicar mantiene la mayoría de las disposiciones incluidas en la norma que entró en vigor el pasado 2 de diciembre y que está suponiendo un golpe de dimensiones mayúsculas en la primera industria del país (Marlaska siembra el caos: “Los viajeros se niegan a dar datos”).
“Desde CEAV consideramos que el borrador es decepcionante porque no ha acogido la petición principal del sector de exclusión total de agencias de viajes y operadores turísticos y, por lo tanto, siguen vulnerando el principio de jerarquía normativa”, lamenta la organización empresarial. Asimismo, critica que tampoco se haya admitido la petición de dejar fuera al corporativo, al MICE y al receptivo.
Igualmente, CEAV afirma que no se aclara quiénes son los sujetos obligados a aportar información de los clientes cuando intervienen varios operadores en el proceso de reserva, ni tampoco se atiende la petición de reducir el plazo de conservación de datos en registro informático durante seis meses.
Si bien es cierto que el texto dice en repetidas ocasiones que, en el caso de los intermediarios, “ciertos datos solo se habrán de comunicar en el caso de que se conozcan”, no se han reducido prácticamente, ya que piden más de 30 datos en el caso del alojamiento, incluidos algunos tan sensibles como el sexo, relación de parentesco o los datos de pago del cliente, y en el caso del alquiler de vehículos más de 60.
Por todo lo anterior, CEAV hará las correspondientes alegaciones nuevamente dentro del plazo previsto que finalizará el próximo 21 de enero de 2025.
