El Ministerio del Interior ha protagonizado una polémica respuesta ante la avalancha de consultas por parte del sector sobre el “Gran Hermano” turístico de Marlaska. En un correo enviado la pasada semana, recogido por Vozpópuli, indicó que, “debido al gran volumen de correos recibidos en el buzón Ses.hospedajes y a la imposibilidad de dar respuesta a todos, le informamos de que no vamos a contestar los correos pendientes” (España confirma que la ‘ley Marlaska’ no se aplica en origen).
Empresarios y profesionales del sector denuncian problemas informáticos, una sobrecarga de requisitos burocráticos y vulnerabilidades ante ciberataques. “Esto amenaza con crearnos una situación de inseguridad jurídica de consecuencias imprevisibles si el Gobierno sigue empeñado en no escucharnos”, apuntan agencias y hoteleros al citado medio (El clamor de los hoteleros: “Marlaska ha convertido los hoteles en comisarías”).
Como viene publicando Preferente, el polémico Real Decreto 933/2021, en vigor desde el 2 de diciembre tras múltiples prórrogas, exige a los alojamientos turísticos y agencias de viajes recabar y custodiar hasta 42 datos personales y bancarios de los clientes. Unos requisitos que han desencadenado un caos administrativo entre las empresas.
A esta situación se suma el temor a las sanciones, que pueden alcanzar los 30.000 euros para quienes incumplan la normativa. Por ello, las patronales han instado a sus miembros a recopilar evidencias de los fallos técnicos de la plataforma ministerial, con el objetivo de protegerse ante posibles penalizaciones.
Entre las peticiones del sector destaca la exclusión de programas de turismo social como el Imserso y los viajes escolares, así como la reducción de los datos a registrar y el plazo de conservación de los mismos, actualmente fijado en tres años. La gerente de CEAV, Mercedes Tejero, insiste en que supone “una carga totalmente desproporcionada y excesivamente onerosa para las microempresas y pymes que conforman el grueso del sector”.
Tal es el grado de preocupación, que el conflicto ha trascendido al ámbito jurídico. Representantes turísticos han invocado una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que limita la conservación de datos personales cuando no hay indicios de delito, lo que pone en duda la legalidad de la norma española. Mientras tanto, el Gobierno sigue sin ofrecer alternativas, y el sector estudia acudir a la Justicia Europea para defender sus intereses.
