Ha pasado relativamente desapercibido que el pleno del ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una nueva ordenanza fiscal que exprime fiscalmente al turismo, como pocas veces ha ocurrido (Barcelona: los hoteleros acusan a Collboni de “criminalizar” al sector).
La nueva ordenanza arremete contra los hoteles, los autocares turísticos, las terminales de cruceros y contra las atracciones para visitantes. No se libra nadie.
El Impuesto de Bienes Inmuebles de unos doscientos hoteles se incrementa un 17 por ciento, igual que el de las terminales de cruceros y las entradas al Parque Güell, que dependen del ayuntamiento. El impuesto a las pernoctaciones, que se quería aumentar, habrá de esperar a que la Generalitat lo permita.
En una curiosa interpretación, el teniente de alcalde de Economía dijo que esto no es un aumento de la presión fiscal porque no lo pagan los vecinos.
Las entradas al Parque Güell suben un ochenta por ciento, de los 10 a los 18 euros.
Los autocares turísticos, por su parte, habrán de pagar un permiso de 35 euros diarios para poder usar la zona Bus de la ciudad. En algunas zonas se pagarán otros tres euros adicionales. Los vehículos turísticos pagarán además una tasa por ocupar el espacio público, la cual sube un 12 por ciento. En total, los autocares pasarán de pagar 20 euros al día hasta unos 80 en 2025.
Todo muy difícil de justificar como actualización ordinaria y más bien denota la existencia de una predisposición en contra del turismo. Los aumentos han sido votados por toda la izquierda que apoya al PSC y ha tenido la oposición de Junts, Vox y Partido Popular.
