El Consejo de Transparencia ha ordenado al Gobierno publicar los contratos firmados con aerolíneas para el traslado de inmigrantes desde Canarias a la Península, según informa Vozpópuli. Esta resolución responde a una creciente demanda de transparencia en la gestión de una crisis migratoria que, en 2024, alcanzará cifras récord: más de 41.425 llegadas registradas hasta noviembre, según datos del Ministerio del Interior (Vuelo “fantasma” de Air Europa a Madrid con inmigrantes ilegales).
La emergencia migratoria, declarada en octubre de 2023, ha implicado traslados constantes de personas desde el archipiélago a la Península, utilizando “vuelos regulares y transporte por carretera”. Sin embargo, hasta ahora el Ejecutivo no ha especificado el número de viajes ni el coste total de estas operaciones, alegando dificultades para recopilar la información.
Las últimas noticias al respecto se conocieron el pasado 30 de julio, cuando la directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, Amapola Blasco, emitió un escrito que no daba apenas información al respecto. Se limitó a comentar que el coste total “dependerá de la justificación que los proveedores presenten por los servicios efectivamente prestados y realizados”.
En cambio, sí se ha conocido últimamente que la emergencia ha supuesto un desembolso de alrededor de de 400 millones de euros hasta septiembre de este año, y las previsiones apuntan a que la cifra total superará los 979 millones en 2024.
A pesar de las justificaciones del Gobierno, el Consejo de Transparencia dictaminó el pasado 29 de noviembre que los contratos deben ser accesibles de forma inmediata, ya que constituyen “información pública”. La administración había anunciado que los documentos serían publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público a lo largo del año, pero el Consejo considera que no es suficiente y exige copias directas de los contratos con las aerolíneas implicadas.
Esta reclamación surge en un contexto de polémica por posibles irregularidades en la adjudicación de estos contratos. En particular, se señala a Globalia, propietaria de Air Europa, que rescatada por el Gobierno. Las relaciones entre empresa y el entorno del presidente Sánchez vienen siendo objeto de debate, aunque las investigaciones judiciales están aún en fases preliminares y la Audiencia Provincial de Madrid desestimó parte del caso en ausencia de pruebas concluyentes.
En este sentido, Javier Hidalgo compareció ante el Senado para defender que el rescate otorgado a su compañía fue un préstamo con condiciones estrictas y negó cualquier irregularidad en sus relaciones con miembros del Gobierno. Aun así, la sombra de duda persiste, especialmente tras admitir reuniones con figuras cercanas al presidente, como su esposa, Begoña Gómez, y otros altos cargos.
