Las negociaciones en torno a la ley de movilidad sostenible han desatado una nueva disputa entre PSOE y Sumar. La formación liderada por Yolanda Díaz propone subir impuestos a aerolíneas y cruceros, con el objetivo de equiparar su IVA al del transporte público (Así es el plan antiturismo de Yolanda Díaz que alarma al sector).
Según informa ABC, el Ejecutivo tiene el compromiso con Bruselas de aprobar esta ley antes de fin de año, una condición clave para recibir los fondos europeos de recuperación. Sin embargo, los socios de Sánchez han presentado una batería de enmiendas, argumentando que responde a principios de justicia social y ambiental (Yolanda Díaz ataca a los hoteleros por sus “beneficios históricos”).
La medida implicaría un IVA del 10% para la mayoría de operaciones comerciales aéreas en España, en contraste con la exención actual para muchos vuelos internacionales. De aprobarse, los billetes de avión y cruceros experimentarían un encarecimiento significativo, especialmente en los trayectos al extranjero y Canarias, que actualmente están exentos de este impuesto.
La propuesta ha generado preocupación en el sector, ya que su implementación técnica y económica plantea desafíos. En vuelos internacionales, por ejemplo, el cálculo del IVA podría limitarse al tramo sobre territorio nacional, una fórmula similar a la que ya se aplica en trayectos hacia Baleares. Las aerolíneas consideran estas medidas difíciles de gestionar y temen que desincentiven el turismo y el transporte aéreo.
Además, Sumar busca frenar la ampliación de infraestructuras clave como los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. La formación tacha estas obras de “despropósito económico y ecológico” y defiende un plan de redimensionamiento del sistema aeroportuario y portuario español. Este planteamiento ha tensado aún más las relaciones con el PSOE, que considera prioritarias las ampliaciones en Barajas y El Prat por su impacto económico.
Finalmente, la formación de Díaz también intenta revertir el nuevo mapa concesional de autobuses, que otorga a las autonomías la gestión de las rutas menos rentables. A este respecto, su objetivo es que el número de corredores se reduzca ostensiblemente de 77 a 22, así como que los trayectos intraautonómicos corran a cargo de las Comunidades.
