Desde hoy, 2 de diciembre de 2024, entra en vigor el Real Decreto 933/2021, una normativa que introduce nuevos requisitos para el registro de viajeros en alojamientos turísticos, agencias de viajes, empresas de alquiler de vehículos y plataformas de intermediación. Pese a las reiteradas advertencias y el rechazo del sector, la implementación de estas medidas ya es una realidad, desatando fuertes críticas y un recurso legal impulsado por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).
Repercusiones del Real Decreto
El reglamento impone nuevas obligaciones para los alojamientos turísticos, como la recopilación y el almacenamiento de una amplia lista de datos personales y de estancia, entre los que se incluyen el número de teléfono móvil, el correo electrónico y la forma de pago. Según la CEHAT, esto genera una mayor carga administrativa no solo para los empresarios, sino también para los viajeros lo que podría afectar a la confianza por pedir excesivos datos, así como tener en cuenta los ciudadanos españoles que se desplacen dentro del país, lo que podría afectar negativamente su experiencia en los alojamientos.
Además, la normativa plantea una inseguridad jurídica que, según la patronal, amenaza a un sector que representa el 12% del PIB español. Entre los puntos más controvertidos se encuentran:
- Impacto operativo y administrativo: La obligación de recopilar y gestionar manualmente información más detallada complica los procedimientos habituales, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
- Incompatibilidad con normativas europeas: La normativa podría contravenir directivas de la Unión Europea relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago, exponiendo a las empresas a sanciones aún mayores que las previstas por el propio decreto.
- Falta de infraestructura tecnológica: La implementación de la nueva plataforma SES.HOSPEDAJES, que reemplaza a los sistemas actuales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, requiere de una adaptación tecnológica que, según el sector, no se ha podido realizar de manera adecuada debido al escaso tiempo de preparación.
Datos requeridos y sanciones por incumplimiento
La normativa obliga a los establecimientos turísticos a recopilar y conservar durante tres años una lista ampliada de datos personales y de la estancia de los huéspedes. Entre los datos exigidos se incluyen:
Datos personales del huésped
- Nombre y apellidos
- Tipo y número de documento de identidad
- Fecha de nacimiento
- Sexo
- Nacionalidad
- Dirección habitual
- Número de teléfono móvil
- Correo electrónico
Datos de la estancia
- Fecha y hora de entrada
- Fecha prevista de salida
- Número de personas alojadas
- Habitación o unidad de alojamiento asignada
- Forma de pago
Sanciones por incumplimiento de la normativa
El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar sanciones económicas importantes:
Infracciones leves (multas de 100 a 600 euros):
- Transmisión de datos falsos o erróneos
- Omisión parcial de información
- Comunicación de datos fuera del plazo establecido
Infracciones graves (multas de 601 a 30.000 euros):
- No comunicar los datos de los huéspedes a las autoridades
- No figurar en el registro oficial como proveedor de alojamiento
La CEHAT toma acciones legales contra el registro de viajeros
A pocos días de su entrada en vigor, la CEHAT anunció que recurrirá a la vía legal para impugnar el Real Decreto, calificándolo de confuso, desproporcionado y contrario a varias directivas europeas, especialmente en materia de protección de datos y sistemas de pago. Según la patronal hotelera, la normativa pone en riesgo tanto a las empresas como a los propios viajeros.
Entre las principales críticas, CEHAT destaca la falta de diálogo por parte del Gobierno y la ausencia de la prometida Orden Ministerial que debería detallar los procedimientos exigidos por el decreto. Desde su última reunión con el Ministerio del Interior, el pasado 4 de octubre, la patronal asegura no haber recibido ninguna comunicación oficial ni avances concretos para aclarar aspectos clave de la normativa.
Jorge Marichal, presidente de CEHAT, expresó la preocupación del sector: “No dejaremos de luchar para garantizar que nuestro sector y nuestros viajeros reciban el respeto y la protección que merecen.”
Reacciones a nivel europeo
La AEHM y HOSBEC también se unieron a estas reclamaciones, pero la preocupación no se limita al ámbito nacional. Organizaciones internacionales como la Asociación Europea de Agentes de Viajes y Turoperadores (ECTAA), la Asociación de Turismo Europea (ETOA), la Federación Europea de Turismo Rural (RURALTOUR) y HOTREC (que agrupa a hoteles, restaurantes y bares de la UE) han mostrado su apoyo a las demandas del sector español.
Estas asociaciones han estado insistiendo al Gobierno en garantizar la proporcionalidad de los datos solicitados y a otorgar un periodo de adaptación más amplio. Advierten que una implementación precipitada podría comprometer la calidad de los datos utilizados por las autoridades para prevenir delitos y terrorismo, además de generar desventajas competitivas para las empresas españolas frente a otros países europeos.
Así pues, pese a la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, el sector hotelero no cesa en su esfuerzo por modificar o paralizar la normativa. Las acciones legales emprendidas por CEHAT reflejan la determinación del sector por defender sus derechos y garantizar un entorno regulatorio más justo y equilibrado.
Ahora, los alojamientos turísticos deberán adaptarse rápidamente a los nuevos requisitos para evitar sanciones, mientras permanecen atentos a posibles actualizaciones o cambios derivados de la presión legal y las negociaciones en curso.
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