Análisis/El Senado ha votado en contra del registro de datos de reservas que impuesto por el Ministerio del Interior a través del Real Decreto 933/2021, que debe ponerse en marcha el próximo 2 de diciembre a través de la plataforma SES.Hospedajes (Sistema de Registro de Documentación y Comunicación de Datos de Hospedaje y Alquiler de Vehículos), a la que deberán acceder todos los hoteles, agencias de viajes y rent-a-car para introducir más de 40 datos personales de sus clientes. Algunos de ellos tan llamativos como su número de cuenta bancaria o la relación de parentesco que puedan tener con otros viajeros.
Esa votación contraria de la Cámara alta, impulsada por el mayoritario Grupo Parlamentario del PP en el pleno de este miércoles, insta al Gobierno a prolongar la suspensión del real decreto más allá de principios de diciembre. Es lo que el sector turístico quiere y lo que tal vez podría conseguir en los próximos días, las patronales han mostrado su satisfacción. Aunque a nadie se la escapa que el margen temporal es estrecho: nueve días que incluyen dos fines de semana, es decir, cinco días hábiles.
¿A por un cuarto retraso?
Por otro lado, conseguir un nuevo aplazamiento para un registro que ya acumula tres y que fue aprobado en octubre de 2021; es decir, que ya ha cumplido tres años sin haber sido llevado a ejecución, ¿qué perspectivas abre? Probablemente, no son más que paños calientes, un torniquete para contener una hemorragia, en cierto modo, una manera de escurrir el bulto o de comportarse como un avestruz. Porque el problema va a seguir ahí, amenazando con llegar al final del recorrido la próxima vez.
La puesta en marcha del registro de viajeros puede volver a retrasarse. Fuente: Copilot @ DALL.E
Al RD 933/2021 se le ha acusado de ser un arma totalitaria, un ‘Gran Hermano’ del siglo XXI que controlará todos los movimientos de los ciudadanos, sospechosos o no, y eso de momento no provoca la respuesta masiva de la sociedad civil, que no se dará cuenta hasta que entre en vigor el control. Si entra, porque lo que aquí está en juego es si el registro se activa o no. Si las agencias de viajes tendrán que notificar unas reservas que pueden cambiar o anularse en 24 horas, o no.
Informar de cambios sobre cambios
Porque esa es una gran diferencia. Mientras que los hoteles deben informar de sus clientes hospedados cuando llegan al establecimiento, donde van a hacer vida y dormir una o más noches, es decir, donde se encuentran físicamente; las agencias deben informar acerca de viajes que pueden cambiar de destino, alojamiento, configuración, actividades, o pueden ampliarse o reducirse, y que van a tener lugar en días, semanas o meses. Cualquier novedad supondrá rellenar una ficha nueva y mandarla al registro.
No es posible desvelar hasta qué punto será útil para Interior un control de tales características, si realmente ayudará a prevenir o combatir el crimen como anticipa el ministerio. Pero una cosa está clara, la seguridad llevada al extremo atenta contra los derechos del ciudadano, y en este caso también contra el desarrollo de actividades empresariales muy determinadas. La pregunta obvia es: ¿no sería mejor que las autoridades se concentrasen en quienes registran como sospechosos por una u otra razón?
El control de viajeros que surgió de la ‘Ley Mordaza’
Si la respuesta a esa pregunta es “sí, sería lo mejor”, entonces cabe preguntarse por qué lo crearon y por qué no lo retiran. Rebobinemos… En 2015 el Gobierno del PP con Mariano Rajoy al frente aprobó la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana 4/2015, que pasó a ser conocida comúnmente como ‘Ley Mordaza’ tras recibir acusaciones de imponer restricciones sobre derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión. Pues bien, de esa ley emana directamente el Real Decreto 933/2015.
El registro de viajeros incrementa el control sobre la ciudadanía. Fuente: Copilot @ DALL.E
Por lo tanto, esa legislación impulsada por el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y rechazada por la oposición, es el germen del ‘Gran Hermano’ al que ahora se enfrenta la industria turística. El PSOE prometió derogar la ‘Ley Mordaza’ si llegaba al poder. Esta promesa fue parte de su programa electoral en las elecciones generales de 2019 y se incluyó en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos. El objetivo era eliminar esas restricciones a la libertad de expresión y de reunión impuestas por la ley.
Lo que iba a pasar y lo que finalmente pasó
Sin embargo, tras el relevo en el poder que se produjo en 2018 la Ley 4/2015 no se derogó y, de hecho, en medio de la pandemia de COVID-19 el Real Decreto 933/2021 fue aprobado el 26 de octubre de 2021 y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente. Y a continuación, se acometió una reforma de esta legislación, que se aprobó en noviembre. Durante tres años, el registro de datos de reservas de viajeros se ha ido retrasando y ahora su puesta en marcha es inminente. O habrá un nuevo retraso. Eso nadie lo sabe.
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¿Saben que un buen antónimo de “seguridad” es “incertidumbre”? La seguridad implica certeza, confianza y estabilidad, mientras que la incertidumbre se refiere a la falta de certeza, duda y vacilación. Pues, ahí estamos.
El historial de los aplazamientos del Real Decreto 933/2021
- Fecha original de entrada en vigor: 2 de enero de 2023.
- Primer aplazamiento: La aplicación de la normativa se pospuso al 2 de junio de 2023, debido a dificultades técnicas y la necesidad de adaptación por parte del sector.
- Segundo aplazamiento: Posteriormente, se anunció un nuevo retraso hasta el 1 de octubre de 2024, para permitir una mejor preparación de las empresas afectadas.
- Tercer aplazamiento: Finalmente, el Ministerio del Interior decidió posponer la entrada en vigor al 2 de diciembre de 2024, atendiendo a las preocupaciones del sector turístico y a la necesidad de ajustes técnicos adicionales.
- Cuarto aplazamiento: Todavía no se ha dado, pero es la medida que aprobó el Senado con la votación del miércoles, y es lo que reclama el sector turístico.
