Los hoteleros españoles alertan de que la entrada en vigor del ‘Gran Hermano’ turístico de Marlaska el próximo 2 de diciembre “colocará a España en desventaja frente a otros destinos que priorizan la privacidad y la simplicidad administrativa” (Indignación de los hoteleros con el ministro Grande-Marlaska).
CEHAT considera que, “en un entorno global donde la competencia por atraer turistas es feroz”, esta medida solo serviría para “complicar y entorpecer la experiencia de millones de visitantes”. Su presidente, Jorge Marichal, apunta que “los viajeros buscan disfrutar de su tiempo de ocio, no verse inmersos en procesos administrativos intrusivos e interminables” (Los hoteleros, en vilo por la inviable norma de Marlaska).
De igual manera, recalca “la desproporcionada carga burocrática que supondría el nuevo reglamento para los hoteleros y los turistas, obligándolos a entregar datos altamente sensibles, como detalles personales, profesionales y de sus desplazamientos”. A su juicio, “este nivel de exigencia, que triplica los datos solicitados actualmente, podría provocar incomodidad, desconfianza y una percepción negativa de España como destino turístico”.
En este sentido, la patronal insiste en que “este reglamento no solo complica los procedimientos, sino que también envía un mensaje equivocado sobre el respeto a los derechos fundamentales de las personas”. Así, considera que, “en lugar de aportar seguridad, introduce barreras que desincentivan la llegada de turistas nacionales e internacionales”.
Además, critica la falta de información al respecto. “A tan solo semanas de su aplicación, el Gobierno no ha proporcionado aclaraciones sobre cómo se implementará esta medida, ni ha atendido las reiteradas advertencias del sector sobre los riesgos para los viajeros y para la reputación internacional de España”.
Como viene publicando Preferente, serán hasta 31 son los datos que deberán recopilar, tanto de los viajeros, como de la empresa y la propia transacción. El incumplimiento de estos requisitos podría derivar en sanciones de hasta 30.000 euros para los hoteleros, algo que “añadiría presión a su trabajo diario y podría repercutir en el servicio ofrecido a los turistas”.
Con todo ello, Marichal clama para que el Gobierno recule en la aplicación de la medida. “El turismo es piedra angular de la economía española y no podemos permitir que nuestro país pierda ni competitividad ni la confianza de los turistas. Es urgente que se reconsidere esta normativa, que se respete la privacidad de los viajeros y que se evite cualquier daño a nuestra reputación como destino turístico líder a nivel mundial”.
