El Ayuntamiento de Madrid ha presentado el Plan RESIDE, una nueva estrategia para proteger el ámbito residencial en la ciudad ante el crecimiento desmesurado de las viviendas de uso turístico en los últimos años. Liderado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, reemplaza el Plan de Hospedaje de 2019 (PEH) (Madrid ultima los detalles de su golpe a las viviendas turísticas).
La nueva medida se enfoca en tres objetivos clave: reducir la pérdida de población en el centro, ampliar la oferta de viviendas residenciales y mejorar la convivencia entre vecinos y visitantes. Uno de los puntos más destacados es la prohibición de pisos turísticos en edificios residenciales, permitiendo su operación solo en bloques exclusivos para alojamiento turístico (El centro de Madrid, asfixiado por los pisos turísticos ilegales).
El plan divide Madrid en dos áreas de regulación: el centro histórico, donde la concentración de pisos turísticos es mayor, y el resto de la ciudad. Dentro del perímetro del centro histórico, delimitado por vías principales, como la Avenida de la Reina Victoria y la Plaza de Legazpi, se establecen restricciones más estrictas para preservar el uso residencial.
En esta área, los pisos turísticos solo estarán permitidos en edificios dedicados íntegramente a este fin, siempre y cuando cuenten con un acceso independiente. Además, incluye la prohibición de convertir locales comerciales en viviendas vacacionales en las zonas más afectadas, a fin de proteger el comercio de proximidad y evitar su desaparición.
De igual manera, para fomentar la recuperación de viviendas destinadas a residencia permanente, el Ayuntamiento ofrecerá incentivos a aquellos propietarios que transformen edificios comerciales o en desuso en viviendas de alquiler asequible. En el centro histórico existen actualmente 210 edificios que podrían beneficiarse de estos incentivos, bajo la condición de restaurar sus estructuras.
El Ayuntamiento espera que el Plan entre en vigor en agosto de 2025, una vez se completen las fases de información pública y aprobación. Esta normativa se sumará al plan transitorio que suspende temporalmente las licencias para nuevos pisos turísticos y endurece el régimen sancionador contra la oferta ilegal.
Como publicó Preferente, desde abril, las licencias han sido “congeladas” en las zonas más afectadas, y los propietarios de pisos turísticos sin licencia enfrentan multas de hasta 100.001 euros si persisten en la actividad ilegal. El consistorio también ha reforzado su plantilla de inspectores, sumando un 15% más de personal para supervisar el cumplimiento de las normas.
