La falta de recursos destinados por las administraciones públicas deja a las agencias de viajes en una situación de total indefensión para combatir el intrusismo. Así lo han puesto de manifiesto los participantes en las jornadas organizadas por CEAV en su primer encuentro nacional de agencias de viajes, celebrado en Canfranc.
Juan A. Rivadulla, presidente de Agavi, ha revelado que “ante el colapso de las administraciones en materia de inspección”, su asociación lleva varios años dedicando recursos propios para detectar posibles casos de intrusismo.
Jerónimo Fernández, presidente de Feclav, se ha pronunciado en contra del “intrusismo institucional”, en referencia al Club de los 60, programa que recae cada año en las manos de grandes grupos que no tributan en su comunidad, Castilla y León, y que excluye al 90% de las agencias de la región (El reparto del ‘Imserso’ de Castilla y León indigna a las agencias locales).
Durante la jornada se ha incidido en la importancia de que todos los actores compitan “con las mismas reglas de juego”. “Por ello, resulta fundamental identificar cuándo se produce intrusismo profesional y denunciarlo para que la administración competente actúe para imponer las medidas coercitivas y sancionadoras que, en su caso, correspondan”, añaden.
Otro de los ejes centrales ha sido la entrada en vigor el 2 de diciembre del polémico registro documental, que obligará a las agencias a introducir un sinfín de datos personales de cada cliente que realice una reserva. Más allá de la enorme carga administrativa que supone esta medida, los ponentes han advertido que la plataforma creada por el Ministerio de Interior “no funciona adecuadamente” (Alivio para las agencias: aplazada la aplicación del registro de reservas).
Tomás Komuda, presidente de Asaval, afirma que la herramienta “es un desastre absoluto”. “Falla continuamente y provoca una gran pérdida de tiempo”, lamenta. Por su lado, Rivadulla revela que “hay hoteles que no aparecen en el sistema”.
Ana Barluenga, directora del área jurídica de CEAV, aclara que “el Ministerio de Interior indicó que por el momento (no delimitaron hasta cuándo), una vez entre en vigor, no exigiría la comunicación y registro de más datos que aquellos que ya recogen las agencias”. “No obstante, se está a la espera de que se emita algún instrumento con valor legal donde conste ese criterio temporal, en caso de no haber nueva prórroga, para tener seguridad jurídica”, sentencia.
