Cehat considera que una norma con estas características debe aprobarse mediante una ley orgánica de mayor rango
Los hoteleros españoles barajan dos vías de actuación para tumbar el polémico Real Decreto 933/2021 en el caso de que siga adelante y entre en vigor el próximo 2 de diciembre. Este obligará a hoteles, agencias de viajes y empresas de rent a car a recopilar hasta 42 datos de cada cliente, en comparación con los 14 que actualmente se exigen (El Congreso de los Diputados rechaza el ‘Gran Hermano’ turístico de Marlaska).
En declaraciones a Cinco Días, el secretario general de Cehat, Ramón Estalella, apunta que la primera alternativa es de carácter jurídico. Concretamente, se basa en una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que declara que las medidas de recolección masiva de datos personales son incompatibles con las normativas comunitarias de privacidad (La norma Marlaska triplica los datos que los hoteles deben comunicar).
La segunda línea de actuación está relacionada con el procedimiento de aprobación de la normativa, ya que consideran que el decreto ley no sería la vía adecuada para implementar medidas que pueden afectar derechos fundamentales como la privacidad. Los asesores legales de Cehat argumentan que una propuesta de estas características debe aprobarse mediante una ley orgánica de mayor rango y no a través de un decreto ley, que es un mecanismo de urgencia.
“Queremos que se nos exima de esas obligaciones por distintas razones. La más importante es que la mayoría de reservas se hacen a través de agencias de viajes online o bancos de camas, con lo que no sabemos quién está detrás de la misma. Tampoco tenemos acceso a datos como el teléfono móvil, el correo electrónico, la relación de parentesco entre viajeros o el precio de la estancia”, denuncia el directivo.
En esta misma línea, desde la intermediación tampoco cesan en su empeño de tumbar medida que consideran de inviable aplicación. “Las agencias no están incluidas en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana de la que deriva el citado real decreto, por infringir la normativa de protección de datos y por implicar cargas demasiado onerosas y desproporcionadas”, subraya la gerente de CEAV, Mercedes Tejero.
Es por ello que también planean diferentes alternativas en el caso de que la medida entre en vigor. “Interior está trabajando en una orden ministerial, pero aún no está claro si saldrá adelante. Nuestro plan b incluye esa orden para limitar los datos a aportar, en primera instancia, y para excluir a las actividades ligadas al turismo corporativo y de eventos y congresos, que representan un porcentaje muy elevado del negocio de las agencias de viajes”.
