La postura de Michel Barnier, el nuevo primer ministro francés, es la de recaudar mil millones de euros anuales más de las aerolíneas que operan en el país. En realidad, esta frase, como acabo de escribirla tiene un sesgo; mejor digamos que el objetivo no es recaudar sino reducir la contaminación que producen los aviones, porque el Gobierno de Francia es muy sensible al medio ambiente. Lo de los mil millones vendría a ser un efecto inesperado, un ‘daño colateral’, algo por supuesto no buscado.
Pero ha surgido un problema: Martinica, una de las islas francesas en el Caribe –junto con Guadalupe—estaba hace unos días en estado de sitio por el malestar ciudadano por la situación económica. Lo mismo pasa, en contra de Francia, en Nueva Caledonia, aunque por otros motivos, diferentes de los de Martinica. Y en Reunión, en el Indico, donde no se informa de conflictos, tampoco están las cosas como para provocar.
Así, como una provocación es como en esos tres territorios franceses de ultramar se vería un aumento de la fiscalidad para los vuelos con la metrópolis. La lectura sería como si París quisiera romper lazos, porque aumentar el precio de los vuelos equivale a eso. Y hasta ahí podíamos llegar.
De manera que el Gobierno francés acaba de sugerir que no va a aplicar los nuevos impuestos a los vuelos a Martinica y Guadalupe, a Reunión o a Nueva Caledonia. Lo que equivale a estas posibles lecturas alternativas: la contaminación si es entre territorios franceses, es más llevadera; si usted quiere viajar pongamos que al Caribe, puede hacerlo muy barato yendo a Martinica, pero como se le ocurra a ir a Dominicana se va a enterar o, aún más cínico: nada cambia, vuele con una aerolínea francesa a cualquier territorio de ultramar y desde allí podrá plantarse donde sea sin pagar impuestos ecológicos aeronáuticos.
Esto se lía. Y los empresarios del transporte y del turismo no van a dejar pasar su oportunidad de sacar tajada.
