El Ministerio del Interior ya lo ha advertido: descarta prorrogar nuevamente la entrada en vigor del real decreto 933/2021, prevista para el próximo 2 de diciembre y que recoge el polémico registro documental (Inaudita ofensiva del sector desde varios frentes contra la ‘norma Marlaska’).
Es decir, si no hay cambios de última hora, agencias de viajes, hoteles y empresas de alquiler de vehículos tendrán la obligación de reportar al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska los datos de sus clientes a partir de la fecha indicada (La norma Marlaska triplica los datos que los hoteles deben comunicar).
De lo contrario, las empresas que incumplan la nueva normativa serán objeto de importantes sanciones, algunas de las cuales podrían tumbar a prácticamente cualquier pyme que opera en el sector de agencias. Como ha comprobado Preferente, las oscilarán entre 100 y 30.000 euros.
Por un lado están las infracciones graves, que irán de 601 a 10.400 euros en el caso del grado mínimo, de 10.401 a 20.200 euros las de grado medio y de 20.201 a 30.000 las de grado máximo. Grosso modo, serán objeto de dichas sanciones las empresas que no dispongan de los registros documentales previstos en este real decreto, así como aquellas que no envíen los datos a Interior.
Las infracciones leves, que conllevarán multas de 100 a 600 euros, consistirán en irregularidades o deficiencias en la cumplimentación de los registros previstos, así como la realización de las comunicaciones fuera del plazo (han de hacerse en un máximo de 24 horas tras la formalización de la reserva).
Como llevan meses denunciando las patronales hoteleras y de agencias, la ‘norma Marlaska’ será de imposible cumplimiento por diversos factores, el principal la falta de recursos y de medios físicos de las pequeñas y medianas empresas, que abundan en el turismo. Más aún teniendo en cuenta la amplitud de los datos de los clientes requeridos, más de 40 para los alojamientos y que pueden llegar a más de 80 en caso de los alquileres de vehículos.
Y por si todo esto no fuera suficiente, Interior reclama a agencias, hoteles y demás empresas la comunicación de datos tan sensibles como los referentes a los medios de pago o a menores de 14 años, considerando las patronales del sector que ello vulnera la normativa de protección de datos.
