El nuevo registro documental que Marlaska quiere imponer sigue siendo una espada de Damocles que amenaza al sector turístico. Aunque no se aplicará a partir del 1 de octubre, el ministro del Interior sigue empecinado en mantener un plan que desde las distintas patronales turísticas aseguran que sería de “imposible cumplimiento” y que amenaza con provocar el caos absoluto en el sector turístico.
La norma que debía entrar en vigor este 1 de octubre obligaría a las empresas turísticas a recabar para el ministerio de Fernando Grande-Marlaska datos sensibles que van mucho más allá de los que recogen los documentos oficiales de los clientes (DNI y pasaporte), tales como forma de pago, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil y domicilio real, entre otros datos. Hasta ahora sólo se requería el DNI para cumplimentar cualquier registro que se remitía a la Policía.
Las organizaciones empresariales lamentan que el Gobierno esté ignorando “las reiteradas advertencias de incompatibilidad con la normativa de la Unión Europea” en materia de protección de datos, lo que genera gran inseguridad jurídica. (Inaudita ofensiva del sector desde varios frentes contra la ‘norma Marlaska’).
El objetivo ahora de Marlaska es poner en marcha el nuevo registro documental el próximo 2 de diciembre. Pero el ministro del Interior no escucha ninguna de las peticiones de las empresas turísticas para frenar su propuesta. Los grandes lobbies turísticos a nivel europeo han alzado la voz contra la inminente implementación en España del Real Decreto 933/2021.
En una carta dirigida a autoridades españolas, Hotrec, ECTAA, ETOA y Ruraltour alertan de que la normativa es completamente “desproporcionada e innecesaria”, además de que “va más allá de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada”, que es, teóricamente, el objetivo que persigue el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska (Los hoteleros, en vilo por la inviable norma de Marlaska).
Entre otras cosas, argumentan que las exigencias de recopilación de estos datos tan sensibles suponen una carga administrativa significativa para las empresas turísticas. A su juicio, no solo encarecería las vacaciones en un mercado altamente competitivo, sino que también podría disuadir a los turistas de elegir España como destino.
En este sentido, consideran que las tareas que exige el Real Decreto 933/2021 ya son responsabilidad de otros actores como las empresas de alquiler de vehículos. Así, esta “duplicación” de tareas no solo sería “ineficiente”, sino que también generaría riesgos legales si las empresas no logran cumplir con las normas de protección de datos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
La patronal CEHAT alerta de que las nuevas condiciones establecidas generarán un gran “caos” entre los operadores turísticos, ya que tendrán que asumir unas obligaciones que son “imposibles de cumplir”. Además, considera que el RD va en contra de “las normas de minimización de datos de las directivas europeas y su protección” (Registro de reservas: las agencias sufren un arranque caótico).
