El pasado 25 de septiembre de 2023, prácticamente hace ahora un año, un residente en Australia, de 32 años, tomó un avión desde Perth, al oeste del país, hacia Sídney, la principal ciudad del este.
Una vez a bordo, según la policía, comenzó a comportarse de forma que incomodaba el normal desarrollo del vuelo. Su conducta fue suficientemente disruptiva como para que los tripulantes informaran al piloto, que decidió aterrizar a mitad de camino.
Al llegar a tierra fue detenido y el vuelo continuó normalmente.
Durante casi todo este año la justicia estuvo actuando, con Shona Davis como superintendente, o sea como responsable del caso. Y finalmente hay una sentencia: el pasajero ha de pagar una multa de 6.055 dólares americanos que le impuso el juez, a lo que se le suman 5.806 dólares que tendrá que abonar a la aerolínea por el combustible que el avión gastó adicionalmente al tener que desviarse de su ruta.
Los jueces no permiten que se conozca ni el nombre del pasajero ni la aerolínea.
En otros países es muy inusual que se cobren los costes en los que incurren las aerolíneas, a los que perfectamente se podrían sumar los efectos para los viajeros que ven alterados sus planes de viaje.