A una semana para la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, que obliga a las empresas del sector a enviar al Ministerio del Interior los datos de reservas de sus clientes, la Mesa del Turismo se suma a las organizaciones y patronales sectoriales que en las últimas semanas han rechazado la medida y lanza “un último llamamiento urgente al Gobierno para que reconsidere la normativa, revoque la actualización del Real Decreto”, afirma en un comunicado.
“Comprendemos que el Ministerio de Interior y la Policía precisan de mecanismos de control para luchar contra la delincuencia y el terrorismo, pero éste no es argumento para exigir a golpe de decreto que miles de empresas se vean abocadas al caos administrativo y a la incertidumbre de si serán multadas cuando les sea imposible cumplir con las nuevas obligaciones del registro documental de viajeros”, afirma Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo.
Esta organización advierte de la imposibilidad de cumplimiento de la norma por parte de las empresas de hospedaje, de alquiler de coches y operadores turísticos intermediarios, así como del potencial conflicto con la Ley de Protección de Datos.
Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo. Fuente: Mesa del Turismo
La Mesa del Turismo destaca que las empresas del sector se verán obligadas a facilitar de manera telemática una información, con un nivel de detalle que no poseen. Además, no se entiende que sea su papel recabar esos datos, “previendo además sanciones de hasta 30.000 euros en caso de infracción”, indica en un comunicado.
Se verán afectados incluso los ciudadanos –continúa la Mesa del Turismo-, ya que la nueva medida “derivará en farragosos procedimientos de reserva. Es posible, incluso, que muchos viajeros se sientan reacios a facilitar determinados datos personales y prefieran optar para sus vacaciones por otros destinos internacionales más friendly a la hora de reservar sus servicios turísticos”.
Además, “teniendo en cuenta que se manejan datos personales e información sensible, desde emails de contacto a tarjetas bancarias, existe un elevado riesgo de colisión con la Ley de Protección de Datos, que es una normativa muy estricta en España”, agrega la Mesa del Turismo.
“No se entiende la persistencia del Gobierno en hacer oídos sordos a las razones esgrimidas por prácticamente todas sus patronales sectoriales, que le han comunicado expresamente la inviabilidad del Real Decreto. Como también lo han hecho las asociaciones de ámbito europeo (ECTAA, Horre, ETOA…), posicionándose en la misma línea”, continúa el comunicado.
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“Es incomprensible que el Gobierno no escuche a los profesionales y empresarios del turismo, a quienes están en las dinámicas reales del día a día, y que imponga sin consulta alguna una norma que les impacta de lleno, tanto a ellos como a sus clientes”, critica el secretario general de la Mesa del Turismo,
