Las organizaciones empresariales aceleran para intentar frenar la entrada en vigor de la nueva normativa de registro de viajeros, que si nada ni nadie lo impide se empezará a implementar el próximo 1 de octubre, es decir, en menos de dos semanas (Las agencias tiemblan por la llegada de una norma “de imposible cumplimiento”).
Las patronales de agencias de viajes (Ceav, Unav, Acave y Fetave) y de hoteles (Cehat, Hosbec, Ashotel y Fehm), así como otras organizaciones como la Mesa del Turismo o la propia CEOE, han intensificado la actividad institucional en busca de que el Ministerio del Interior suspenda la entrada su entrada en vigor hasta que sea factible una solución consensuada, viable y proporcional.
En los últimos días han mantenido contactos con los ministerios de Turismo e Interior, así como con la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, además de partidos de la oposición (Los hoteleros, en vilo por la inviable norma de Marlaska).
En caso de no conseguirlo, hoteles y agencias de viajes tendrán que hacer frente a una norma “de imposible cumplimiento” que provocará, según llevan meses denunciando, un caos absoluto y el cierre de multitud de pymes debido al inasumible aumento de la carga administrativa que supondrá.
Según establece la normativa de registro de viajeros incluida en el Real Decreto 933/2021, estas y otras empresas estarán obligadas a recabar para el ministerio de Fernando Grande-Marlaska datos sensibles que van mucho más allá de los que recogen los documentos oficiales de los clientes (DNI y pasaporte), tales como forma de pago, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil, domicilio real…
Por si esto no fuera suficiente, a escasos días para su entrada en vigor, el departamento que dirige Marlaska sigue sin aclarar cuáles deberán ser los datos a proporcionar por cada uno de los subsectores turísticos, lo que provoca una confusión generalizada.
Por otro lado, las organizaciones empresariales lamentan que el Gobierno está ignorando “las reiteradas advertencias de incompatibilidad con la normativa de la Unión Europea” en materia de protección de datos, lo que genera gran inseguridad jurídica.
A pesar de la presión ejercida por la potente industria turística, el pesimismo se ha apoderado de los empresarios del sector, que consideran que “dadas las fechas será muy difícil” que Interior aplace la entrada en vigor del registro de viajeros para revisar y reformular la norma. Más aún cuando durante meses ha hecho caso omiso a las reiteradas peticiones de agencias de viajes y hoteleros.
En caso de se cumplan los peores presagios, la esperanza es que se apruebe un periodo de adaptación para que agencias de viajes, hoteles y las demás empresas afectadas puedan intentar adaptarse.
