Cortes de agua, inspecciones, vetos de las comunidades de vecinos o incluso prohibiciones son algunas de las soluciones que han impulsado durante los últimos meses los ayuntamientos tras años de inacción. A pesar de los problemas de convivencia que ha provocado esta oferta de alojamiento y de las protestas de los hoteleros por una competencia en muchas ocasiones ilegal, la reacción de las administraciones solo ha llegado cuando los ciudadanos han dicho basta por los conflictos de convivencia y la masificación que han generado los pisos turísticos en los últimos años.
La última medida conocida ha sido la del Ayuntamiento de Sevilla, que ha anunciado que cortará el suministro de agua a miles de pisos turísticos ilegales. Se calcula que hay 5.000 viviendas sin licencia que alojan turistas y el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado un plan de inspección de diez pisos turísticos al día. (Sevilla cortará el agua a las viviendas turísticas ilegales)
Barcelona ha dicho que en 2029 no se permitirá ni un solo piso turístico en la ciudad. Ni legales ni ilegales. Toda esta oferta desaparecerá por completo en poco menos de cinco años, asegura el gobierno municipal. Valencia se plantea también seguir la misma línea y prohibir todos los pisos turísticos, legales e ilegales. De momento, la ciudad del Turia obliga a los propietarios de pisos turísticos a comunicar su referencia catastral bajo la amenaza de causar baja en el registro.(Barcelona acelera en su golpe a los pisos turísticos ilegales)
Madrid tiene intención de proponer una nueva regulación de la oferta turística a partir de septiembre, si bien no se plantean prohibiciones. En Mallorca se ha vendido como un gran éxito la imposición de una multa de 90.000 euros a cada uno de los propietarios de 10 pisos turísticos ilegales que operaban en el mismo edificio desde hace años sin la más mínima reacción. (Mallorca: multa de 960.000 euros a un edificio de pisos turísticos ilegales)
Pero hasta que no se han producido protestas de ciudadanos por la masificación turística, con manifestaciones en algunas capitales, las administraciones apenas habían reaccionado contra esta oferta. Ni siquiera contra los pisos turísticos ilegales, que se ofertan con total impunidad en plataformas como Airbnb o Booking aprovechando el vacío legal y la falta de una contundente inspección.
De hecho, los propietarios conocen todas las artimañas para ofertar sus pisos sin sufrir problemas legales. Aprovechan los fines de semana para comercializar sus propiedades a sabiendas de que los sábados y domingos ningún funcionario revisa los portales.
La situación de los pisos turísticos se ha desmadrado después de haber hecho caso omiso a los principales hoteleros españoles y a entidades como Exceltur, que ha pedido en innumerables ocasiones que se adoptasen medidas contundentes contra la oferta ilegal. Desde lobby turístico también denunciaron que mientras la oferta hotelera estaba prácticamente congelada, los pisos turísticos se iban multiplicando en los grandes destinos turísticos españoles sin provocar ni la más mínima reacción administrativa.
