La ecotasa o tasa turística es un impuesto que se aplica en ciertos destinos turísticos, con el objetivo de reducir el impacto medioambiental y generar conciencia del turismo responsable. La recaudación se destina principalmente a proyectos locales de conservación ambiental, restauración de ecosistemas, mantenimiento y vigilancia de áreas protegidas y desarrollo de iniciativas de turismo sostenible.
En Cataluña, las ciudades de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida aplican esta tasa a los visitantes. Cataluña fue la primera en implementar este impuesto en 2012, con tarifas que podrían llegar hasta los 7,5 euros por noche, dependiendo del tipo de alojamiento y la temporada. Barcelona aplica un recargo de 3,25 euros por pernoctación en cualquier establecimiento y a los cruceristas, una cantidad que se añade a la tasa turística que cobra la Generalitat.
Los viajeros del Imserso son una excepción en el pago de la ecotsa. Fuente: AdobeStock
En el caso de las Islas Baleares, la ecotasa se recauda desde 2016. Concretamente, Palma de Mallorca, Ibiza y Menorca son destinos donde se cobra esta tasa turística a los turistas con tarifas que oscilan entre 1 y 4 euros por noche. En temporada baja solo se abona el 75% del impuesto y cuando las estancias superan los 8 días, se paga el 50% a partir de la novena noche.
La ecotasa se cobra al inicio de la estancia, al realizar la reserva, o a la hora de liquidar los gastos durante el check-out, aunque dependerá de la comunidad autónoma y del tipo de establecimiento turístico
Pero, ¿tiene excepciones el pago de la tasa turística? Y, sobre todo, ¿deben pagarla los turistas senior? Aunque el pago de la ecotasa se considera universal en las áreas donde existe, quienes realizan viajes del Imserso están exentos de abonarla, lo mismo que los menores de 16 años de edad. Y también quienes viajan por motivos de salud o por causas de fuerza mayor.
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Cabe precisar que, aunque la aplicación de tasas turísticas en el territorio español solo se lleva a cabo en Cataluña y Baleares, por ahora, se han producido intentos de implantarla en la Comunidad Valenciana, aunque finalmente la Generalitat derogó la medida. Igualmente, se ha debatido la medida impositiva en Andalucía y Canarias.
