CEHAT ha manifestado la necesidad de “reunirse nuevamente con el secretario de Estado o el ministro Grande-Marlaska”
Los hoteleros se unen al clamor de las agencias de viajes contra el Real Decreto 933/2021, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre y exigirá el registro documental de los viajeros que se alojen en establecimientos turísticos (Las agencias tiemblan por la llegada de una norma “de imposible cumplimiento”).
CEHAT alerta de que las nuevas condiciones establecidas generarán un gran “caos” entre los operadores turísticos, ya que tendrán que asumir unas obligaciones que son “imposibles de cumplir”. Además, considera que el RD va en contra de “las normas de minimización de datos de las directivas europeas y su protección” (Registro de reservas: las agencias sufren un arranque caótico).
“Es incomprensible el empecinamiento de los responsables del Ministerio del Interior en provocar un caos, y en generar una amenaza de grandes multas y sanciones a todos los que no actúen bajo unos nuevos parámetros que, a nuestro juicio, son incumplibles e ilegales, y que provocarán la segura pérdida de información sensible sobre los viajeros y un aumento de responsabilidad sobre datos no comprobables”, lamenta la patronal.
Para los hoteleros, es “imposible recabar y certificar la autenticidad” de algunos de los datos que se reclaman. Además, critican que “la plataforma establecida por el Ministerio de Interior se ha demostrado muy ineficiente, haciendo imposible la recogida y transmisión de estos datos”.
A todos estos inconvenientes se suma que “más del 70% de las empresas de alojamiento son pymes y micropymes que no pueden disponer de la protección suficiente de ciberseguridad que garantice la protección efectiva de los datos recogidos”.
Es por ello que CEHAT ha manifestado la necesidad de “reunirse nuevamente con el secretario de Estado o el ministro Grande-Marlaska”. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta a la petición, lo que ha provocado “un gran malestar en todo el colectivo y la puesta en marcha de sus servicios jurídicos para impedir su aplicación”.
