El próximo 1 de julio el equipo de gobierno del PP del Ayuntamiento de Sevilla volverá a reunirse con los grupos de oposición (PSOE, IU y Vox) para llegar a un acuerdo que regule los pisos turísticos en la capital, tras el intento fallido de este lunes. El desencuentro radica en las fórmulas jurídicas propuestas, ya que los primeros quieren una limitación por zonas en función del número de viviendas de uso turístico ya autorizadas y los segundos plantean una moratoria total de licencias, en línea con las exigencias vecinales.
La propuesta del gobierno municipal abarcaba cada uno de los 108 barrios que se contabilizan en los 11 distritos sevillanos, en los que se establecía que el número de viviendas turísticas (VUT) permitidas no supere el 10 % del total de viviendas familiares disponibles.
La iniciativa fallida establecía tres zonas en función del número de viviendas de uso turístico ya autorizadas: una primera donde se apuesta por un decrecimiento, con barrios como el Casco Antiguo y Triana; otra con un crecimiento de las VUT acotado, puesto que existe menos de un 10 %; y una tercera donde se admite su crecimiento, ya que la tasa de inscripción de estos inmuebles es inferior al 5 %.
Sin embargo, el concejal socialista Francisco Páez, explicaba hace una semana que decidieron rechazar la norma (el pasado jueves) porque “no iba a resolver nada”, mientras que Cristina Peláez, portadora de Vox, coincidía en que el proyecto es “ineficaz” e incluso conllevaría que las viviendas turísticas se fueran extendiendo por Sevilla.
En las últimas horas, tras una reunión que tampoco dio frutos, el Grupo Municipal Socialista ha vuelto a insistir en “la necesidad de paralizar cualquier nuevo registro de viviendas con fines turísticos y nuevas licencias de obras para este tipo de alojamientos o cambios de uso –convertir una vivienda residencial en turística– hasta que se apruebe dentro del ámbito competencial del Ayuntamiento de Sevilla una normativa para limitar los pisos turísticos más severa que la planteada por José Luis Sanz y que fue rechazada la semana pasada por la mayoría absoluta del Pleno y, además, que venga consensuada con los vecinos y vecinas de los barrios más afectados”.
Los socialistas consideran que para adaptarse a las exigencias de los residentes hay que “endurecer” la normativa presentada por Sanz. Por eso, durante el encuentro de este lunes, el concejal Páez pidió al gobierno que, a través de los servicios jurídicos de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y del propio Ayuntamiento, se encuentren las fórmulas jurídicas que hagan posible que Urbanismo frene las concesiones de nuevas licencias de obras y cambios de usos –que son competencia municipal– y de que no pueda haber ni una alta más de pisos turísticos en el Registro de la Junta de Andalucía.
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