El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que el Ayuntamiento no concederá más licencias para uso turístico a viviendas residenciales y no renovará las existentes, en aplicación de la ley catalana, por lo que en 2029 los 10.101 pisos turísticos que hay en la ciudad perderán esa condición.
Una vista aérea de Barcelona. Fuente: Adobe Stock
Collboni ha anunciado también que propondrá una modificación en la política de reserva para pisos sociales del 30% de las nuevas promociones y grandes reformas de edificios de viviendas, vigente desde 2018.
El alcalde de Barcelona ha anunciado públicamente este viernes estas dos nuevas iniciativas para incrementar el parque de vivienda en la ciudad y frenar la subida del precio del alquiler y de la compra, acciones incluidas en el nuevo Pla Viure.
Espadas en alto
Cabe recordar que la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) ha llevado al Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto ley de los alojamientos de uso turístico en Cataluña aprobado el pasado 20 de diciembre en el Parlament.
Según explicó Federatur el pasado mes de febrero, “el Decreto ley presupone problemas de acceso a la vivienda en 262 municipios en los que a partir de ahora la actividad de alquiler de viviendas de uso turístico queda sujeta a un régimen jurídico más restrictivo que en el resto”.
En la práctica, dicho decreto podría llevar a la supresión de miles de licencias de viviendas de uso turístico.
El gobierno catalán argumenta que, al revocar las licencias turísticas, miles de apartamentos, pisos y casas se incorporarán al mercado de alquiler convencional. En teoría, esto debería contribuir a reducir los precios de la vivienda. Sin embargo, Federatur niega que tal efecto vaya a producirse.
Apartur: “Es una decisión irresponsable y demagógica”
Por su parte, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (APARTUR) ha emitido un comunicado donde considera “irresponsable y demagógica la decisión de cerrar los 10.000 pisos legales de la ciudad”.
“El alcalde acaba de hacer un llamamiento para que la ciudad se llene de alojamientos turísticos ilegales“, dice dicha entidad. “La experiencia de las últimas regulaciones, en 2010 en Ciutat Vella, y a partir de 2024 mediante la congelación de licencias del PEUAT nos lo demuestra”, añaden desde la patronal.
Apartur recuerda que “la proliferación de negocios de la economía sumergida no paga impuestos y enfrenta a vecinos y turistas en lugar de fomentar la convivencia”.
Esta asociación afirma que los apartamentos turísticos representan el 40% del alojamiento turístico en Barcelona. “Su desaparición significará la pérdida total del turismo familiar, principal cliente de este tipo de alojamiento”, dice.
Enrique Alcántara, presidente de Apartur, se pregunta: “¿El consistorio realmente no quiere pisos turísticos? ¿No queremos turismo familiar en Barcelona de verdad? ¿Cuántas tiendas, restaurantes, museos tendrán que cerrar?”.
Según Apartur, los apartamentos de uso turístico en Barcelona representan un 0,77% del total de viviendas de la ciudad.
La asociación ve en el anuncio del alcalde “una cortina de humo por su fracaso en las políticas de vivienda en la ciudad. Un fracaso que el consistorio ahora repercute expropiando a los pequeños propietarios que con su actividad económica legal dan trabajo directamente a unos 5.000 trabajadores y otros tantos de forma indirecta, y aportan anualmente más de 347 millones de euros a las arcas públicas de Barcelona”.
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