Cuando quedan menos de cuatro meses para que finalice la prórroga que el Ministerio del Interior concedió a las agencias de viajes para aplicar el registro documental, el sector minorista no sabe todavía qué va a pasar a partir del 1 de octubre, cuando termine la moratoria. La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE) ha solicitado la exclusión de las agencias de esta obligación, pero dicho departamento no se ha pronunciado todavía.
El Real decreto 933/2021 de 26 de octubre establece las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor sin conductor.
FETAVE ha enviado una solicitud al Ministerio del Interior en la que pide de nuevo la exclusión de las agencias de estas obligaciones. Sin embargo, no ha recibido respuesta y “la situación es cada vez más preocupante para el sector”, señala dicha agrupación.
Las agencias de viajes se encuentran en una situación de incertidumbre al no saber que va a pasar con el registro documetal cuando finalice la prórroga.Fuente: Shutterstock.
“Desde la Secretaría de Estado de Seguridad no se ha proporcionado ninguna aclaración a la solicitud presentada por FETAVE. Esta falta de respuesta está generando una gran incertidumbre y una considerable inseguridad jurídica entre las agencias de viajes españolas y las agencias de viajes extranjeras que prestan servicio en España”, detalla la asociación presidida por César Gutiérrez en un comunicado.
A juicio de esta entidad, las medidas “que obligan a las agencias de viajes a recopilar y comunicar datos que ya son proporcionados por otros operadores, suponen un coste adicional y afectan negativamente la productividad y competitividad del sector”.
Asimismo, considera que dicho decreto “vulnera los principios fundamentales del derecho comunitario, incluida la protección de datos personales y la privacidad”. Por esta razón, hace más de un año, FETAVE se puso en contacto con la Comisión de Justicia e Interior solicitando información sobre el proceso que está verificando la compatibilidad de dicho decreto con la directiva sobre comercio electrónico, pero tampoco ha recibido contestación.
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