El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado una advertencia sobre el creciente número de viviendas turísticas que están operando sin la debida licencia. La Dirección General de Consumo ha comenzado a enviar requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información detallada sobre las propiedades anunciadas en sus sitios, según informó el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy.
El objetivo de Consumo es determinar la responsabilidad de los arrendadores y empresas involucradas en estas infracciones. Con la información recopilada, las autoridades pretenden identificar a los grandes arrendadores y empresas que gestionan múltiples pisos turísticos en diversas comunidades y que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Investigación y multas
A principios de 2024, los expertos ya pronosticaban cambios significativos en el control de la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT), y sus predicciones se han cumplido. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación a estas plataformas, considerando que podrían estar incurriendo en prácticas desleales sancionables bajo la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
El departamento de Pablo Bustinduy ha requerido a las plataformas de alquiler vacacional investigadas, sin mencionar específicamente a ninguna, aunque la más conocida en el sector es Airbnb, que proporcionen información sobre la oferta que comercializan en ciudades donde se anuncian pisos sin licencia. Esta información incluiría la identificación de los arrendadores y la verificación de si los propietarios disponen de las licencias pertinentes, las cuales varían entre comunidades autónomas e incluso ayuntamientos.
Esta situación y las consecuencias sobre la vivienda y la ciudadanía se agravan cada vez más. Por eso, el Gobierno estudia posibles infracciones basadas en la lesión de derechos de los consumidores como una vía para controlar esta proliferación de pisos turísticos. La normativa vigente señala la «obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección» como una de las infracciones, con sanciones que pueden llegar hasta los 100.000 euros.
Una medida que llega tras la proliferación de VUT que está «encareciendo la vivienda, transformando el comercio de proximidad, deteriorando la convivencia de las comunidades de vecinos y promoviendo la expulsión de sus residentes», según datos y encuestas recogidos por la patronal Exceltur en su estudio ReviTUR.
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