Playa en el sur de Tenerife. Fuente: Adobe Stock
La patronal y el Ejecutivo autonómico ven la manifestación del 20 de abril “con preocupación”, sobre todo tras comprobar cómo se han recibido en el Reino Unido algunas protestas realizadas ante turistas que acababan de aterrizar en las islas, por más que fueran esporádicas y minoritarias.
“Quien viene a disfrutar, a pasar unos días y a dejar su dinero en Canarias no tiene que ser increpado”, dijo esta semana el presidente, Fernando Clavijo (CC). “¿Estamos dispuestos a darnos un tiro en el pie?”, le añadió el vicepresidente, Manuel Domínguez (PP). Más gráfico aún fue desde la patronal tinerfeña Ashotel Gabriel Wolgeschaffen: “A la vaca que da leche no hay que tocarla”.
Como ejemplo, hace unos días el programa de televisión “Good Morning Britain”, que se emite en la cadena ITV, explicaba: “Turistas británicos que llegaron a Tenerife para las vacaciones de Semana Santa se encontraron con grafitis anti-turistas y una recepción tensa por parte de los habitantes locales. Los residentes de las Islas Canarias han declarado estar hartos de los turistas británicos que solo ‘beben cerveza barata, toman el sol y comen comida de baja calidad’. ¿Deberíamos boicotear Tenerife?“.
Récord de llegadas
Pasado el efecto de la pandemia, cuando los hoteleros lideraban campañas pidiendo a los residentes que ayudasen al sector a salir del ‘cero turístico’, Canarias ha vuelto a situarse en terrenos de récord. Así, un total de 13.942.966 turistas extranjeros visitaron Canarias durante 2023, el segundo mejor año histórico, una cifra que supone un 13,1 % más que en 2022 y un 6,1 % por encima de 2019.
Solo en febrero de 2024 llegaron 1,4 millones de turistas de otros países, un 14% más que en el mismo periodo de 2023, que se gastaron 2.177 millones de euros en sus vacaciones, un 21,6 % más, e hicieron un 10,3% más de pernoctaciones. Y es que, pasado el bache pandémico, el sector turístico supone ya el 35 % del PIB de Canarias y cerca del 40 % del empleo, según datos de la Consejería de Turismo.
Movimientos sociales
Desde los tiempos del artista César Manrique, que lideró sonadas manifestaciones en los años ochenta, una parte de la sociedad canaria se siente incómoda con los excesos del modelo desarrollista y sus sucesores. Es una pulsión que en los últimos años ha cuajado varias veces en protestas multitudinarias, como las convocadas contra las torres de alta tensión en parajes protegidos cercanos al Teide, las prospecciones petrolíferas de Repsol frente a Lanzarote y Fuerteventura o el puerto de Granadilla, en Tenerife.
Ese movimiento social confluye ahora con varios síntomas de agotamiento: el colapso continuo de las carreteras en Tenerife y Gran Canaria, el encarecimiento de los precios de la vivienda en las zonas metropolitanas y turísticas de las islas o las aglomeraciones de visitantes, gracias a internet y redes sociales, de parajes naturales delicados a los que antes solo solían acudir residentes.
Son gotas que han ido colmando la paciencia de una parte de la población que en las últimas décadas ha percibido pocos cambios en la política de desarrollo regional, enfocada a alimentar a la industria turística y con pocos guiños a la protección del territorio que, cuando los hubo, se diluyeron rápido.
Fue el caso de la primera moratoria turística en el año 2000, suavizada luego para hoteles de gran lujo y dinamitada después por el efecto Airbnb, o el intento en 2014 de regular precisamente esa nueva modalidad de alojamiento, cuando la vivienda vacacional era todavía un fenómeno incipiente, a través de un decreto cuyos principales artículos fueron tumbados por el Tribunal Supremo tras denuncia de la Comisión Nacional de la Competencia.
Limitaciones
Pese a que Canarias es líder del sector desde hace décadas, es en los últimos años cuando se han empezado a hablar de medidas relacionadas con la sostenibilidad, como la limitación de entrada a zonas protegidas o la ecotasa.
A esta última, que grabaría con una cantidad fija cada noche de estancia en un alojamiento turístico, como se hace en Baleares, Barcelona y varios lugares de Europa, pareció que se le despejaba el camino la pasada legislatura, pero el Gobierno de Canarias no pudo sacarla adelante a pesar de que creían en ella tres de los cuatro partidos que lo formaban. El que disentía de esa fórmula dirigía precisamente la Consejería de Turismo.
La actual consejera del área, Jéssica de León (PP), acaba de mostrarse abierta a debatir sobre ella, pero duda de su eficacia.
Sobre la vivienda vacacional, hay una nueva medida conocida esta semana: un anteproyecto de ley que limita al 10% la edificabilidad residencial que puede dedicarse a uso turístico de hospedaje, porcentaje que puede doblarse en La Gomera, El Hierro y La Palma, islas con mucho menos parque hotelero.
Por su parte, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, considera positivo el enfoque dado por el Gobierno de Canarias al borrador del texto de la ley para regular el alquiler turístico.
“La cifra actual de plazas en viviendas vacacionales en Canarias se sitúa en 220.000, frente a las 372.000 de hoteles y apartamentos. Además, las plazas hoteleras se han reducido en 56.700 en la última década debido a procesos de reconversión de planta obsoleta en renovada o a la transformación de complejos extrahoteleros en residenciales, con lo que han salido del mercado turístico tradicional”, recuerda la patronal hotelera tinerfeña.
El problema de la vivienda
Uno de los principales problemas que afronta la población canaria es el acceso a la vivienda.
Con una escasa oferta disponible –casi no se ha construido vivienda pública en los últimos 20 años-, los precios no son nada acordes para quienes, como los canarios, tienen el segundo sueldo medio más bajo de España: 22.466 euros brutos (unos 1.500 euros netos en 12 pagas), según datos del Instituto Nacional de Estadística.
En zonas como el barrio de Guanarteme-Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, es habitual que estudios de apenas 40 metros cuadrados no bajen de los 700 euros y que viviendas de dos habitaciones superen los 1.200; precios inasumibles para la población local y que a menudo terminan en manos de no residentes, algo que también sucede con la compra de vivienda.
Y en islas como Lanzarote, hasta los trabajadores públicos tienen problemas para pagar un alquiler, si es que lo encuentran. Compiten contra la capacidad adquisitiva de ingleses, alemanes, holandeses, noruegos o italianos que reclaman esos mismos espacios para estancias vacacionales o, incluso, como segundas residencias.
Porque, en el archipiélago, la compraventa de vivienda por parte de los extranjeros supuso en 2023 un 28,5 % del total, según la última Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores.
Los hoteleros alertan contra la turismofobia
Con todo este clima, los hoteleros centran sus mensajes en los peligros que perciben en que se siembre turismofobia, tras la aparición de algunas pintadas en las zonas turísticas de las islas que rezan “Tourists go home!” (“¡Turistas, váyanse a casa!”) y algunas movilizaciones en aeropuertos de las islas.
Ese mensaje ha llegado ya al Reino Unido a través de los tabloides y de algunos programas de la televisión, donde se mencionan estos asuntos y se empieza a hablar incluso de “boicotear” al destino como respuesta, como ocurrió esta semana en Good Morning Britain, el matinal de la cadena ITV.
El presidente de Ashotel (y de la patronal hotelera española, CEHAT), Jorge Marichal, ha afirmado en la cadena COPE que en sus hoteles se han recibido llamadas, en plural, de turistas preguntando “si era seguro viajar a Tenerife”.
Manifestación del 20 de abril
Los activistas que han promovido la manifestación del próximo 20 de abril rechazan que se les acuse de promover la turismofobia.
“Esto no es en contra del turismo (…), lo que se piden es que no se construya más. Desde hace años nos promocionamos como un destino de naturaleza único en el mundo, pero el turismo está deteriorando el producto que vendemos. Las cifras de turistas son insostenibles desde un punto de vista social y ambiental”, apunta el biólogo y documentalista Felipe Ravina.
Lo hace en un vídeo difundido en redes sociales donde se argumenta que el cambio en el paradigma turístico de los últimos años, en el que los visitantes ya no se quedan solo en el hotel, ha masificado lugares emblemáticos de los que los residentes ya no pueden disfrutar, a la par que las viviendas vacacionales disparan los precios del alquiler y desplazan a la población local.
“Una moratoria turística y vacacional permitiría frenar este crecimiento de manera temporal y tener espacio para plantear nuevas formas de hacer las cosas”, añade.
Proyectos polémicos
Ravina forma parte de una nueva generación de activistas ambientales que se ha movilizado en un breve espacio de tiempo en tres acontecimientos, todos ellos en Tenerife:
- El puerto de Fonsalía, en Guía de Isora: Un proyecto de puerto comercial, a priori ya descartado, situado en una zona de especial conservación con gran afluencia de cetáceos.
- El hotel de la playa de La Tejita, en Granadilla, cuyas obras se reanudaron en febrero. Activistas implicados en las protestas contra su construcción han avisado de que están dispuestos a emprender una huelga de hambre hasta ser escuchados por el Gobierno autonómico.
- El proyecto Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, un complejo de 400.000 metros cuadrados de superficie, con 420 apartamentos y villas de lujo, una playa semiprivada -que hoy es pública- pero que cuenta con al menos dos órdenes de suspensión de las obras por haberlas iniciado sin tener antes el informe de impacto ambiental
Y hay un cuarto frente de discordia que conecta con el ecologismo ‘clásico’, el que representa Ben Magec-Ecologistas en Acción, que ha convencido al Ministerio de Transición Ecológica para que inicie el desmantelamiento de un complejo hotelero erigido sobre las Dunas de Corralejo, en Fuerteventura, pero se ha encontrado en frente de su posición con el Gobierno de Canarias (el actual y el anterior).
Noticias relacionadas:
– El Cabildo de Tenerife ve injusto poner al turismo en la diana
– Así es la propuesta de Canarias para regular el alquiler turístico
