La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) carga contra el colectivo de propietarios de viviendas vacacionales por su campaña en defensa de una actividad que ha provocado la expulsión de las familias de sus barrios “con un modelo que prioriza el beneficio sobre el bienestar” (Canarias: el desmadre del alquiler vacacional, en cifras).
Coincidiendo con el debate de la aprobación de la Ley de Uso Turístico de la Vivienda, el presidente de la organización empresarial, Jorge Marichal, ha lamentado que “mientras algunas personas claman que arruinará a miles de familias, se olvidan, interesadamente, de las muchas más que ni siquiera pueden alquilar un techo donde vivir” (El peligroso estallido de la vivienda turística en Canarias: 10 pisos nuevos al día).
Según explica, la inminente aprobación de esta norma “ha despertado un coro de lamentos digno de tragedia griega; representantes del sector vacacional, plataformas de alquiler y algún que otro político compasivo con la causa anuncian el apocalipsis: el fin del pequeño emprendedor, la ruina de miles de familias, la muerte del turismo como lo conocemos”.
Aclara al respecto que “nadie va a clausurar en masa las viviendas vacacionales existentes ni a desalojar turistas con escolta policial rumbo al aeropuerto”. “Lo que se busca es algo tan básico como devolver el equilibrio a un mercado que ha perdido toda proporción”, prosigue
En este sentido, Ashotel considera que la vivienda antes que un alojamiento turístico es un bien esencial y debe ser protegido, recordando que hay “miles de familias canarias” afectadas. “Todo porque una parte del parque de viviendas ha sido absorbida por la vorágine turística, donde el beneficio a corto plazo ha sustituido al sentido común y a la convivencia”, añade.
Aunque reconoce que hay familias que han encontrado en el alquiler vacacional un complemento necesario para llegar a fin de mes, la organización hotelera advierte que “ese relato se ha convertido en escudo de quienes realmente dominan el negocio: los inversores que acumulan licencias, los fondos que convierten barrios enteros en hoteles encubiertos y los que han hecho del turismo residencial su mina de oro particular”.
“Regular no es prohibir, es ordenar y poner límites para que vivir en Canarias no sea un privilegio reservado a quienes usan la vivienda para especular. Si seguimos confundiendo el negocio con el derecho, llegará el día en que los canarios solo podrán disfrutar de su tierra como turistas”, sentencia Marichal.
