El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la nueva ley que regula los pisos turísticos en las islas con el objetivo de limitar su proliferación y proteger el acceso a la vivienda habitual. La norma ha contado con el respaldo del Gobierno de Canarias (CC, PP, Agrupación Herreña Independiente y Agrupación Socialista Gomera), y el rechazo de PSOE, Nueva Canarias y Vox (Canarias regulará las viviendas turísticas a golpe de ley).
La consejera de Turismo, Jessica de León, ha calificado la tramitación de la ley como “muy complicada” y “difícil de interiorizar, explicar y de gestionar el plazo de las enmiendas”. Al mismo tiempo, ha agradecido a los grupos que la han apoyado por priorizar “el interés general” (“Canarias no puede ser un privilegio para especuladores”).
Según recoge EFE, la ley establece que las viviendas de uso turístico no se consideran residenciales, sino actividades económicas o de hospedaje, por lo que solo podrán operar cuando el planeamiento urbanístico municipal lo permita expresamente. Cada ayuntamiento tendrá la responsabilidad de definir las zonas donde se autoriza la actividad, teniendo en cuenta la sostenibilidad, la capacidad de carga y el equilibrio territorial.
En suelo residencial, la norma reserva entre el 80% y el 90% para vivienda habitual, según la presión del mercado. En las islas con menor población o menor desarrollo turístico, los municipios podrán flexibilizar estos porcentajes para favorecer el desarrollo local. Asimismo, solo podrán destinarse a uso turístico las viviendas que hayan sido residencias habituales durante un tiempo mínimo, evitando que se construyan inmuebles nuevos directamente con fines turísticos.
De igual manera, la ley prohíbe la actividad turística en viviendas protegidas, suelos rústicos, espacios naturales protegidos y zonas Red Natura 2000, salvo que el planeamiento ambiental lo justifique. En áreas declaradas como mercados tensionados, se suspenderá la concesión de nuevas licencias de pisos turísticos. Aunque hasta ahora el ejecutivo autonómico no ha declarado ninguna, varios ayuntamientos, como Las Palmas, han solicitado hacerlo.
La medida ha generado críticas de la oposición y de algunas patronales. La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) sostiene que la norma expulsará a miles de propietarios y supondrá “la práctica erradicación” de su actividad. Por su parte, PSOE y Nueva Canarias denunciaron que la ley favorece a grandes empresas turísticas y expulsa a los pequeños propietarios y residentes.
